San José, 5 dic (elmundo.cr) – El Colegio de Médicos y Cirujanos señaló que la crisis de especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) era previsible y que, lamentablemente las alertas no fueron atendidas con acciones concretas a tiempo para evitar este escenario.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) declaró emergencia institucional, ante la renuncia masiva de médicos especialistas.
La Junta Directiva de la CCSS tomó este acuerdo este martes de forma unánime, para un periodo de seis meses. Con esta declaratoria se busca facilitar a la CCSS de todos los insumos para la atención de la emergencia, y un fondo de contingencia de ¢45.000 millones.
El Colegio recuerda que se había advertido sobre la importancia de abordar esta problemática incluso desde tres enfoques prioritarios: formación, distribución y retención de médicos especialistas, sin embargo, las soluciones no se cristalizaron.
Además, expresó una serie de preocupaciones respecto a varios puntos contenidos en el “Lineamiento Nacional para la Continuidad de la Atención Sanitaria ante la Escasez de Médicos Especialistas en el Sistema de Seguridad Social en Costa Rica”, elaborado por el Ministerio de Salud.
Entre las principales inquietudes destaca la propuesta de redistribuir a los médicos residentes en su último año de formación hacia regiones de difícil acceso. Para el Colegio, esta medida resulta cuestionable, ya que los médicos residentes aún son estudiantes que no han culminado su formación académica ni obtenido el grado que los acredita como especialistas.
De igual forma, indican que al no contar con la supervisión directa de un tutor certificado, surge la interrogante de quién será responsable por sus acciones, lo cual podría comprometer tanto la seguridad de los pacientes como del propio médico en formación.
El Colegio también mostró preocupación ante la posibilidad de delegar a médicos generales parte de las responsabilidades propias de especialistas, tras una capacitación breve, y ampliar las funciones del personal de enfermería. El Colegio considera que esta estrategia, podría exponer a los pacientes a riesgos significativos, además de acarrear problemas éticos y legales para los profesionales involucrados.
La ampliación de tareas hacia otros profesionales, como el personal de enfermería, también podría interpretarse como una forma de intrusismo en la práctica médica, lo que el Colegio considera inaceptable.
Asimismo, el lineamiento del Ministerio de Salud contempla habilitar una línea telefónica de triage para consultas, en la que estudiantes de Medicina en su último año del internado atenderían a pacientes como parte de sus prácticas. Para el Colegio, esta propuesta plantea serias dudas sobre la calidad y seguridad del servicio que se brindará.
“Al tratarse de estudiantes, los riesgos asociados a diagnósticos erróneos podrían aumentar, incluso bajo supervisión, y se cuestiona qué tipo de profesional médico estará a cargo de supervisar estas consultas, lo cual no queda claramente definido en el documento”, sostienen.
El Colegio manifestó sus reservas en torno a la contratación de especialistas nacionales radicados en el extranjero para realizar teleconsultas. Desde su perspectiva, resulta complejo garantizar el control y la fiscalización del ejercicio profesional de estos médicos, ya que operan bajo legislaciones distintas y fuera del alcance de la normativa costarricense.
Finalmente, aunque no se opone a la contratación temporal de médicos especialistas y subespecialistas graduados en el extranjero, insiste en que estos profesionales deben cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para garantizar la calidad de la atención.
El Colegio agiliza la incorporación de especialistas formados en el extranjero, pero es fundamental preservar los estándares éticos, profesionales y de calidad en la atención que salvaguarden la seguridad de los pacientes.
El Colegio de Médicos y Cirujanos reafirmó su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones sostenibles y eficientes a esta problemática. Sin embargo, considera que las medidas planteadas deben garantizar la seguridad, calidad y equidad en la atención sanitaria, respetando siempre el marco legal y ético que regula la práctica médica en el país.
