San José, 26 feb (elmundo.cr) – Los resultados fiscales del Gobierno Central de Costa Rica en 2025 revelan una mejora en indicadores clave, como la reducción del déficit financiero, pero el aumento de la deuda pública por encima del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) plantea desafíos y reabre el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Ministerio de Hacienda reportó un superávit primario equivalente a ₡487.920 millones, que representa el 0,9% del PIB, impulsado por ingresos que alcanzaron el 14,4% del PIB, frente a un gasto primario del 13,5%. Además, el déficit financiero se redujo del 3,7% al 3,4% del PIB, mostrando una mejora con respecto al año anterior.
Sin embargo, la deuda del Gobierno Central superó el 60% del PIB, llegando al 60,4%, lo que equivale a aproximadamente US$32 billones. Esta situación activa la aplicación más estricta de la Regla Fiscal.
José Francisco Pacheco, economista del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR), señaló que “los resultados fiscales reflejan avances importantes, pero también evidencian señales de agotamiento en el modelo actual de consolidación fiscal”.
Pacheco añadió que “se vuelve imprescindible abrir una discusión más profunda sobre el balance fiscal y el rol del sector público en una sociedad del siglo XXI”.
El análisis del CCECR advierte que el aumento de la deuda implicará condiciones más severas en la política fiscal, incluyendo mayores controles del gasto, posibles congelamientos salariales en el sector público y restricciones en transferencias y financiamiento externo. Esto podría afectar diversos sectores económicos y sociales.
Se prevé que el próximo gobierno deberá programar presupuestos más estrictos, lo que podría implicar reasignaciones de recursos, ajustes en el crecimiento del gasto o estrategias más agresivas de incremento en la recaudación.
El documento también destaca la preocupación de que el ajuste fiscal se concentre en la contención del gasto, lo que podría limitar la inversión en áreas clave como educación, seguridad e infraestructura.
Pacheco enfatizó que el debate fiscal debe abordar la sostenibilidad del financiamiento del sector público desde una perspectiva estratégica. “La discusión sobre los ingresos públicos debe asumirse con sentido de urgencia, no solo para evitar crisis de deuda, sino para garantizar que el Estado cuente con los recursos necesarios para generar valor público y mejorar las condiciones de vida de la población”, afirmó.
El análisis también plantea la necesidad de una reforma integral del Estado para mejorar la ejecución de las instituciones y aumentar el impacto de las políticas públicas, así como revisar la Regla Fiscal actual.
En conclusión, el país se encuentra en un momento clave para redefinir su estrategia fiscal, equilibrando la sostenibilidad de la deuda con la necesidad de fortalecer la inversión pública y la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales y económicas futuras.
