San José, 29 ago (elmundo.cr) – El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestó su profunda preocupación y oposición al proyecto de ley tramitado bajo el expediente N.° 25.747, denominado “Reforma para la promoción de la libre competencia en los servicios profesionales y modernización del régimen de colegiatura”.
Los colegios profesionales constituyen instituciones de naturaleza jurídica, económica y social, diseñadas por el ordenamiento para resguardar funciones esenciales de interés público. Su existencia no responde a fines corporativos, sino a un modelo que garantiza la idoneidad, la ética y la responsabilidad en profesiones que impactan directamente a la ciudadanía. Gracias a ello, el país cuenta con mecanismos especializados de control y protección que fortalecen la confianza social, la seguridad jurídica y el desarrollo profesional en beneficio de Costa Rica. Su razón de ser responde, fundamentalmente, a la protección de la sociedad frente a los riesgos derivados de un ejercicio profesional carente de competencia, responsabilidad o ética.
Debilitar esas funciones sin proveer un sistema equivalente, efectivo y especializado de fiscalización y responsabilidad profesional supone trasladar a la ciudadanía los riesgos que actualmente previene el control ejercido por los colegios profesionales. La libertad de ejercicio profesional y la promoción de la competencia son objetivos legítimos, pero no pueden alcanzarse a costa de disminuir los mecanismos de protección del interés público.
En el caso del Colegio de Abogados y Abogadas, esta responsabilidad adquiere una dimensión adicional. Nuestra profesión se encuentra estrechamente vinculada con el acceso a la justicia, el derecho de defensa, el debido proceso, la protección de los derechos fundamentales y el control de la legalidad. Una abogacía independiente, ética y debidamente fiscalizada constituye una garantía para la ciudadanía y un componente esencial del Estado Social y Democrático de Derecho. Esta ha sido, además, una posición institucional sostenida por el Colegio en defensa de la independencia profesional y de las garantías democráticas.
Por ello, advertimos que una reforma de esta naturaleza trasciende ampliamente la discusión sobre la colegiatura obligatoria. Lo que está en juego es el modelo mediante el cual Costa Rica garantiza la idoneidad, la ética y la responsabilidad de quienes ejercen profesiones que inciden directamente sobre los derechos, el patrimonio, la salud, la seguridad y las libertades de las personas.
Conscientes de que sus efectos trascienden a una profesión en particular, nuestro Colegio ya ha convocado a los demás colegios profesionales del país para abordar conjuntamente las implicaciones de esta iniciativa legislativa. Instamos a todas estas corporaciones a sumarse a este esfuerzo común, en defensa de las funciones de interés público que nos han sido confiadas y de la institucionalidad costarricense que estamos llamados a fortalecer.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica reafirma su compromiso con la defensa de la responsabilidad y la ética profesional, la protección de la ciudadanía y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Preservar mecanismos eficaces de fiscalización del ejercicio profesional es también preservar un sistema de garantías construido en función del interés público y de la confianza de la sociedad en sus instituciones.
