San José, 11 nov (elmundo.cr) – Esta mañana, en la Comisión Especial que investiga la Unidad Presidencial de Análisis de Datos(UPAD), los comparecientes se negaron a responder las consultas de los diputados.
Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, no accedieron a responder las interrogantes sobre la creación y ejecución de la UPAD.
Se acogieron a los artículos 36 de la Constitución y el 112 del reglamento de la Asamblea Legislativa, debido a que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República.
Artículo 36: En materia Penal nadie esta obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendiente, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
Artículo 112: (…) Toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo justa causa, y, en caso de renuencia, será conducida por la Fuerza Pública. La persona citada podrá asistir acompañada de un abogado, y negarse a declarar en los casos en que así la faculte la Constitución o la ley, y cuando se trate de asuntos diplomáticos, jurisdiccionales o militares pendientes.
Fernández explicó que siempre ha trabajado en apego a la ley y aseguró que su formación profesional lo faculta para el análisis de datos. Manifestó, además ser un técnico no político, lo buscaron para trabajar en Casa Presidencia y su función era asesorar de manera técnica al mandatario Carlos Alvarado, he indicó no ha cometido delito alguno y no ha vulnerado la intimidad de nadie, todos los análisis de datos se dieron para ayudar a tomar decisiones.
Por su parte Villalobos, dijo que el proceso ya se encuentra judicializado y por recomendación de su asesor legal no iba a referirse al tema.
Alejandro Madrigal, manifestó se abstendrá de responder las consultas de los legisladores, y en una intervención inicial comentó que la UPAD fue conformada por el presidente para tener claro el panorama claro para diseñar políticas públicas. “Los datos utilizados se apegaron a la legalidad, sin violentar la privacidad de las personas”, agregó.
La UPAD accedió a datos confidenciales de las personas costarricenses, que están resguardados por la legislación vigente.
