San José, 21 abr (elmundo.cr) – En el marco del recurso de amparo interpuesto por una mujer trans por actos de discriminación en el uso de instalaciones sanitarias del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), la abogada Jota Vargas Alvarado y el defensor de derechos humanos Janekeith Durán Barberena presentaron formalmente una coadyuvancia ante la Sala Constitucional, con el objetivo de fortalecer los argumentos jurídicos y de derechos humanos en el caso.
La coadyuvancia respalda integralmente la acción planteada por la persona amparada, quien fue impedida de utilizar el baño acorde con su identidad de género, siendo obligada a usar instalaciones que no corresponden a esta, en un contexto que implicó humillación pública y vulneración de su dignidad. Este hecho ha sido denunciado públicamente y ha generado preocupación por prácticas institucionales contrarias a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Al respecto, la abogada Jota Vargas Alvarado explicó que: “Desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han desarrollado estándares y recomendaciones que explican los mínimos que deben adoptar los Estados a raíz del derecho a la identidad de género y los demás derechos humanos de las personas trans y no binarias, incluyendo el tema de instalaciones y uso de servicios sanitarios que correspondan con su género autopercibido. Lo importante es justo esto: estamos hablando de derechos humanos de personas reales, con un problema de salud pública que debe ser resuelto por el Estado de Costa Rica”.
El escrito presentado desarrolla un amplio marco jurídico basado en la Constitución Política, la jurisprudencia de la Sala Constitucional y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la identidad de género como un derecho protegido por la Convención Americana.
Asimismo, se enfatiza que el principio de igualdad y no discriminación constituyen principios imperativos del derecho internacional, y que las instituciones públicas, como el Incofer, tienen la obligación directa de garantizar el acceso a servicios sin discriminación, incluyendo el uso de instalaciones conforme a la identidad de género de las personas.
“Este caso no es un hecho aislado, sino una manifestación más de prácticas discriminatorias que siguen afectando a las personas trans, en este caso en el acceso a servicios públicos. La Sala Constitucional tiene la oportunidad de reafirmar con claridad que la dignidad y la identidad son derechos humanos, y que ninguna mala práctica institucional puede estar por encima de los derechos humanos”, finalizó Janekeith Durán Barberena, defensor de derechos humanos.
La coadyuvancia solicita a la Sala Constitucional que declare con lugar el recurso de amparo, reconozca la violación de derechos fundamentales y ordene al Incofer adoptar medidas inmediatas para garantizar el respeto a la identidad de género en todos sus servicios e instalaciones.
