San José, 12 oct (elmundo.cr) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como “ejemplarizantes para la región” las prácticas penitenciarias impulsadas por el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica.
Así se desprende de un informe publicado hoy sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en nuestro país, tras la celebración del 164 período extraordinario de sesiones en Ciudad de México, del 4 al 8 de setiembre.
Durante ese período de sesiones, la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, compareció para exponer qué ha ocurrido en las cárceles de Costa Rica, tras una audiencia solicitada por la Maestría en Ciencias Penales de la UCR y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El informe señala que “la CIDH destacó con satisfacción las medidas impulsadas recientemente por el Ministerio de Justicia, al constituir prácticas ejemplares para la región que garantizan los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
Para el viceministro Marco Feoli, el informe de la CIDH legítima una gestión basada en el respecto por la dignidad de las personas.
“Lo que la CIDH dice es muy satisfactorio. Quienes han criticado, a veces con ferocidad y otras con puro cálculo político, el trabajo del Ministerio de Justicia, y, especialmente, el liderazgo de la ministra Cecilia Sánchez, tienen en este informe no sólo la oportunidad de aclararse, sino también de reconocer, sin mezquindades, que el país ha avanzado en estos años”, expresó Feoli.
De otro lado, reconoció la importancia de la reducción en el uso de regímenes cerrados, la humanización de la pena en los centros penales y la recién creada Unidad de Inserción Social para dar acompañamiento postpenitenciario.
A continuación, el extracto del informe que habla sobre Costa Rica:
Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Costa Rica
La parte solicitante de esta audiencia indicó que el hacinamiento es una de las principales preocupaciones respecto a los derechos de las personas privadas de libertad en Costa Rica, al contar con uno de los índices más altos de encarcelamiento en Latinoamérica (352 personas detenidas por cada 100.000 habitantes). Los solicitantes señalaron que la principal causa de esta situación consiste en el establecimiento de políticas de mano dura que buscan solucionar los problemas de inseguridad ciudadana a través de reformas legislativas que responden al incremento de penas de prisión en contraposición al criterio de proporcionalidad y a la regulación de delitos inexcarcelables. Destacaron también que las autoridades judiciales que impulsan la aplicación de medidas alternativas, se enfrentan a procesos disciplinarios, lo que afecta gravemente su independencia judicial. Asimismo, resaltaron la ausencia de enfoque diferenciado en el tratamiento de personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo, principalmente respecto de las personas LGTBI. Por su parte, el Estado reconoció que los elevados niveles de hacinamiento se derivan de las políticas de encarcelamiento y del uso excesivo de la prisión preventiva. En este contexto, informó a la CIDH sobre diversas medidas adoptadas para garantizar los derechos de la población carcelaria, tales como: reubicación de personas privadas de la libertad del régimen institucional al programa semiinstitucional o semiabierto; aplicación de la vigilancia electrónica como medida alternativa a la privación de libertad; construcción y remodelación de nuevos espacios que permiten aumentar la capacidad real de alojamiento, y establecimiento de políticas públicas con la participación de personas privadas de libertad. De igual forma, el Estado manifestó su preocupación por el acoso mediático contra las acciones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Paz que buscan la reinserción de las personas privadas de libertad, y que son criticadas porque supuestamente atentarían contra la seguridad del país. Por su parte, la CIDH destacó con satisfacción las medidas impulsadas recientemente por el Ministerio de Justicia, al constituir prácticas ejemplares para la región que garantizan los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En particular, la Comisión reconoció la importancia de la reducción del uso de regímenes cerrados, humanización de los centros penales, y creación de la oficina de reinserción pospenitenciaria. Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por los procesos disciplinarios que se abren contra autoridades judiciales que determinan la aplicación de las medidas alternativas –preocupación compartida por el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien acompañó la audiencia. En esta audiencia, la CIDH contó con la participación de Alberto Brunori, representante de la oficina regional del OACNUDH.
Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/157.asp
