San José, 11 jun (elmundo.cr) – La nueva convocatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es considerando que han transcurrido dos años y cinco meses desde la notificación de la sentencia.
La audiencia pactada para el próximo 3 de setiembre, es con el objeto de recibir por parte del Estado Costarricense información actualizada, y detallada sobre el cumplimiento de la medida relativa en regular los aspectos que se considere necesarios para la implementación de la Fertilización In Vitro (por sus siglas FIV) en el país.
La sentencia señala “tomando en cuenta los obstáculos que se han alegado respecto al trámite legislativo para efectuar la regulación, es preciso que Costa Rica indique si está avanzando en alguna otra normativa de regulación de la FIV”.
Para el representante de las familias ante la Corte, Boris Molina es claro que los poderes del estado han fallado: “hay una total y absoluta gana de incumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, por parte del Estado, en cualquiera de sus tres poderes, un Ejecutivo que se limitó a pagar indemnización, un poder Judicial que ha sido absolutamente ineficiente, en el que 5 de 7 magistrados siguen fallando en contra de este tema y un poder Legislativo que no hace absolutamente nada”
Molina, agregó “esta Asamblea está peor porque hay más diputados cristianos que obstaculizan todo lo que sea el tema FIV y son los que están dominando en la práctica, en la Asamblea Legislativa, no vislumbramos en ninguno de los tres poderes que vaya a pasar nada en este tema, por eso debe ser la Corte Interamericana la que venga a poner orden nuevamente. En la Asamblea Legislativa las minorías están tomando control del país, una minorías que domina y es la que tiene este tema enfrascado”.
Consecuencias para el país
Entre las consecuencias inmediatas para Costa Rica, está una sanción diplomática, con una sanción de incumplimiento, que llega a la OEA, para Boris Molina la imagen del país se vería afectada, “pone al país en una lista de los que incumplen los derechos humanos, es una lista negra”.
El abogado mencionó que tomarán mayores acciones de presión acudiendo a negociar con las organizaciones de Derechos Humanos en Europa, “ellas van a solicitar a empresas Europeas que no compren productos costarricenses, hasta que esto no se solucione; en el momento que se toque el bolsillo a los exportadores le garantizo que la Asamblea Legislativita y los 3 poderes van a actuar de forma inmediata”.
La audiencia tiene el objeto de escuchar las observaciones de ambos intervinientes.
