San José, 21 set (elmundo.cr) – La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), manifestó que se oponen al impuesto a vapeadores y cigarillos electrónicos.
La CICR señaló que «la tarifa del impuesto es desproporcionada, arbitraria y no se encuentra sustentada con base técnica».
Agregó que los nuevos impuestos «atentan contra situación económica, niveles de desempleo y competitividad, así como desincentiva la innovación y la investigación».
Además, indicó que «la creación de un impuesto del 40% violenta los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad, libertad de empresa y principio de igualdad».
Carlos Montenegro, director ejecutivo de la CICR, explicó que «tal como lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, la Cámara de Industrias de Costa Rica se opone a la creación de nuevos impuestos específicos pues consideramos que es inoportuno e inconveniente, que ante la situación económica actual y los altos niveles de desempleo que atraviesa el país, se consideren este tipo de iniciativas en detrimento del sector productivo que está altamente gravado en perjuicio de su competitividad».
El director de la CICR enfatizó que «contrario a este tipo de propuestas requiere de acciones que promuevan el crecimiento económico y la generación de empleo para dotar a los costarricenses de mejores condiciones socioeconómicas y optimizar el clima de inversión en Costa Rica».
«Si a todos los productos nuevos o que no han sido suficientemente investigados se les aplica un impuesto, esto indudablemente influirá negativamente en la investigación científica y en la innovación. Además, la creación de nuevos impuestos a la industria es un incentivo para que aumente el contrabando y el comercio ilícito», añadió Montenegro.
Asimismo, la CICR afirmó que «la introducción de un impuesto específico para los cigarrillos electrónicos o vapeadores es totalmente contraproducente y hasta generaría un efecto contrario al espíritu de su regulación, ya que el producto tendría como resultado un precio más alto en el mercado que puede abrir espacio más bien al crimen organizado para comercializar productos de manera ilegal».
«Esto afectaría directamente al Estado y a la salud de los costarricenses: el Estado dejaría de percibir recursos y los consumidores pondrían su salud en riesgo al adquirir productos de contrabando o falsificados que no cumplen los estándares de calidad requeridos. Esto implica que se recaude menos, lo cual constituye un contrasentido con los fines del proyecto», añadió.
la CICR aseguró que el diseño del impuesto tiene «carencias técnicas importantes, al punto que asigna la misma tarifa impositiva para productos totalmente diferentes: aparato electrónico, accesorios, líquido con nicotina y líquido sin nicotina».
De igual manera recalcó que «no existe una justificación técnica para el establecimiento de la tarifa propuesta del 40%. Un ejemplo de que no hay justificación técnica es que el texto original planteaba un impuesto nominal de mil colones, sin siquiera hacer referencia a las unidades de medida de cada producto».
