San José, 19 oct (elmundo.cr) – La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) manifestó que es inaceptable, en la crisis fiscal que atraviesa el país, la firma de la III Convención Colectiva de Trabajo del Ministerio de Educación Pública.
Los industriales indicaron que no comprenden el sentido de urgencia y los parámetros de responsabilidad bajo los cuales opera el gobierno para solucionar la crisis fiscal.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, aseveró que “cuando el país requiere acciones urgentes para reducir el gasto público, ante un excesivo desbalance entre los ingresos que recibe el gobierno y sus gastos, deciden firmar una tercera convención colectiva que crea más plazas y beneficios excesivos”.
La Cámara señaló que si se crean plazas y beneficios necesariamente se aumentará el déficit fiscal, y esto va en contra de la realidad que vive el país; para los industriales, algunos de los incentivos que se consideran excesivos y gravosos son:
El denominado “Incentivo para el Desarrollo de la Docencia” que rige a los funcionarios del Servicio Civil tendrá un incremento a la base salarial del 2019 equivalente al 12.6%.
Los industriales puntualizaron que al ser un incremento sobre la base salarial, aumentará de forma importante dichos salarios y automáticamente van a seguir creciendo por los aumentos de costo de vida u otros incentivos que puedan ser aplicados en forma porcentual sobre la base salarial.
Asimismo, indicaron que esto podría ser una manera de no apegarse a lo establecido en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que hacemos un llamado al Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República para que se realice un estudio exhaustivo y se pronuncien sobre si efectivamente lo firmado cumple con lo establecido en dicha Ley.
Además, los industriales advirtieron que se establece un mínimo de 1.200.000.000 colones anuales para actividades artísticas, culturales, deportivas y afines.
En el artículo 38, debido al error ocasionado a través del sistema de planillas Integra Dos que pagó de más a funcionarios del MEP, se indica que dicha situación no es atribuible al funcionario, por lo tanto, se le exime de la devolución de los pagos en exceso girados. “Consideramos que un error no crea un derecho, ni mucho menos la obligación de que el Estado regale 28 mil millones de colones de los contribuyentes”, expresaron.
Por su parte, el artículo 48, indicaron que se otorga un permiso con goce de salario durante los tres días de Semana Santa que no asisten a clases los estudiantes, lo que implica el otorgamiento de tres días adicionales de vacaciones.
También, en el artículo 62 destacaron que se extiende la licencia por lactancia por un mínimo de 24 meses, sin necesidad de certificado médico. En contraposición a lo que estable el Código de Trabajo en su artículo 95 párrafo primero, el mínimo debe ser de tres meses, a partir del cual se necesita un certificado médico.
Debido a lo anterior, la cámara indicó que “es una señal errónea la que envía el gobierno al firmar una nueva convención colectiva con incrementos injustificados de incentivos, cuando precisamente requiere generar confianza para lograr un diálogo nacional para enfrentar la crítica situación de las finanzas públicas”.
“El gobierno, una vez más, parece inclinarse por desconocer la necesidad de controlar y reducir el gasto público, más aún cuando ha sido claro el rechazo y la imposibilidad de la población de soportar más impuesto, concluyeron los industriales”, agregaron.
“La Cámara de Industrias de Costa Rica siempre ha sido una defensora de los derechos laborales de los trabajadores, pero no pueden brindarse incentivos que atentan contra la frágil situación financiera del Gobierno Central. Debe privar la responsabilidad, razonabilidad y la realidad que vive el país antes de firmar una nueva lista de incentivos y gastos”, concluyeron.
