San José, 23 nov (elmundo.cr) – El Centro de Estudios del Turismo (CET) presenta una propuesta de Acuerdo Nacional por la Seguridad en Costa Rica, como resultado de un exitoso taller convocado a inicios de noviembre.
En un intento de sumarse a la preocupación ciudadana por el incremento en la inseguridad y la violencia en el país.
La construcción de esta propuesta contó con la participación de exministros de seguridad, exdirectores del OIJ, expresidentes, diputados jefes de varias fracciones y de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, especialistas en aspectos jurídicos y en materia de seguridad, representantes de la policía municipal y turística, al igual que exministros de turismo y reconocidos expertos en la actividad turística.
Este grupo de destacados costarricenses, bajo la guía metodológica y preparados de previo por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE, analizó la situación del país desde la perspectiva del incremento de la violencia, la tasa de homicidios, la influencia del narcotráfico y la posible afectación que esta problemática tiene para actividades tan fundamentales para Costa Rica como el turismo, la inversión extranjera, la marca país y las exportaciones.
Durante el taller, el problema de la inseguridad se abordó con un novedoso marco conceptual, desarrollado por la Cátedra Viva-Idea Schmidheiny del INCAE, que permite un completo y profundo análisis que incluye las estadísticas de inseguridad, la vulnerabilidad de poblaciones y comunidades, la acción judicial y el manejo de la comunicación, entre otros factores.
Los números analizados durante el taller, dejan claro que la tasa de homicidios ha empeorado en Costa Rica de manera constante desde 1990, hasta llegar a la situación actual con 824 homicidios en lo que va del año, según la cifra provista por el Organismo de Investigación Judicial.
La propuesta establece un marco integral para abordar la seguridad incluyendo los factores sociales, comunitarios, institucionales, policiales, judiciales, tecnológicos y de infraestructura.
Además, toca aspectos de intervención inmediata y otros que tendrán impactos a mediano y largo plazo, como el desarrollo de un mejor sistema educativo y la promoción de mecanismos de cohesión social en las regiones más vulnerables.
Entre las acciones concretas que se sugieren para la discusión nacional, están el análisis, ajuste y eventual aprobación de las seis leyes propuestas por el Poder Ejecutivo al inicio del período de sesiones extraordinarias, la articulación de un Consejo Nacional de Seguridad, y una Coordinadora de Seguridad en la Unión de Gobiernos locales; el planteamiento de construcción de una cárcel de máxima seguridad para 3000 reclusos, la habilitación de 2.500 nuevos policías y 300 agentes más para el Organismo de Investigación Judicial.
Además, se plantea la estructuración de una nueva policía multi-municipal, el levantamiento de la seguridad ciudadana a Política de Estado y una inversión de 650 millones de dólares en los próximos cinco años, en los rubros ya mencionados y muchos otros para reforzar la prevención, el control migratorio, la escala de los cuerpos policiales, la capacidad judicial, la recuperación de espacios comunitarios, la educación y el empleo en zonas de alto riesgo y muchos otros temas.
“En resumen, el documento propone un enfoque integral y estratégico para mejorar la seguridad en Costa Rica, abordando factores diversos y trabajando en colaboración entre distintas entidades y niveles del gobierno, denominado PROPUESTA DE ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD. La parte final comprende una larga agenda de acciones de corto, mediano y largo plazo para lograr la meta de bajar el nivel de inseguridad a promedios del OCDE dentro de los próximos 10 años. Un aporte voluntario y totalmente apolítico de parte del CET”, comentó Bary Roberts, presidente del CET.
Propuesta de Acuerdo Nacional por la Seguridad (1)
