San José, 11 may (elmundo.cr) – La diputada de Nueva República, Nidia Céspedes, señaló que “¡hago responsable al Gobierno de Costa Rica por la vida de la lideresa indígena de Salitre Marina Delgado!”.
Céspedes afirmó que deplora “los actos de violencia denunciados el día de hoy por usurpadores de los territorios indígenas”.
La diputada recalcó que protestó “durante 44 días en el Plenario Legislativo” y expuso que logró un acuerdo con la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, “para obligar al Estado costarricense a ejecutar acciones concretas para detener la violencia contra los indígenas”.
Asimismo, Céspedes demandó “una pronta solución a este conflicto”.
La diputada concluyó afirmando que confía “en la buena voluntad política del Gobierno y del mismo Poder Judicial para destinar los recursos necesarios y no seguir jugando con la vida de nuestros hermanos indígenas”.
Céspedes compartió el comunicado del Consejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre y de Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) en donde explicaron que “la comunidad de Di Sié (Río Azul) del Territorio Bribri de Salitre asistió a una diligencia judicial de reconocimiento del terreno que es usurpado por Eliodoro Figueroa Uva a la Bribri del clan Sulariwak, Silvia Rojas Delgado”.
“Este reconocimiento judicial es realizado para que 2 hectáreas de la propiedad sean destinadas a la construcción de un colegio para la comunidad de Di Sié. El terreno se encuentra al oeste de la Escuela de la comunidad de Di Sié (Río Azul). A este reconocimiento también se hicieron presentes los usurpadores Eliodoro Figueroa Uva y su hermano Rodrigo”, agregaron.
Además, en el comunicado expusieron que “alrededor de las 9 a.m. detonaron en tres ocasiones un arma de fuego y hostigaron a la comunidad durante todo el reconocimiento judicial; esto sin presencia de la Fuerza Pública a pesar de que Eliodoro cuenta con orden de alejamiento a Minor Delgado Ortiz y su familia”.
De igual forma, indicaron que a lo largo del 2020 han denunciado constantemente “el hostigamiento y la participación en reiterados actos de violencia por parte de los Figueroa Uva. Estos sujetos son una amenaza para la vida e integridad física de Minor, su familia y la comunidad de Di Sié en general”.
“Una vez más presenciamos la negligencia, complicidad e imparcialidad por parte del Poder Judicial en contra de los Pueblos Originarios”, añadieron.
Por otro lado exigen “a la inspección judicial, a la Corte plena y a la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial una explicación del porqué a pesar de las múltiples denuncias contra estos sujetos no se les aplican medidas preventivas y restrictivas que garanticen la tranquilidad, la integridad, la vida y la paz para Minor, su familia y la comunidad de Di Sié”.
También recalcaron que “cualquier agresión en contra de la comunidad de Di Sié es responsabilidad del Estado, por omisión y acción al no ejecutar acciones reales que garanticen la integridad física y vida de la comunidad”.
Finalizaron el comunicado insistiendo en que “la paz en los Territorios Indígenas es posible únicamente si los usurpadores son expulsados y la tierra-territorio regrese a manos de sus poseedores legítimos”.
