San José, 9 abr (elmundo.cr) – Una millonaria demanda contra el Estado costarricense advierte el magistrado suspendido de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa, en caso de que los diputados realicen una votación pública para su destitución.
Según Gamboa “hay pronunciamientos que pueden comprometer seriamente el erario costarricense si se violenta el reglamento de la Asamblea Legislativa, el artículo 104 del reglamento legislativo, exige al presidente no permitir tan siquiera una moción para que una votación de destitución o nombramiento sea pública”.
“El artículo 104 es muy claro y cierra cualquier posibilidad, porque está protegiendo al legislador para que no vote por presión mediática, bajo presión social, o amenaza de cualquier tipo. La integridad del sufragio en hechos como este fue consagrada en el legislador en los artículos 101 y 104 del reglamento”, agregó.
Para Gamboa una votación pública pone en gran riesgo al país, ya que si lo despiden de manera ilegal reclamará sus derechos laborales.
“Yo quiero advertirle a los diputados de la manera más respetuosa, yo no quiero ser indemnizado con millones de dólares como lo van a ser otros, yo quiero irme de la Corte caminando por la puerta del frente, no echado de manera ilegal, primero porque fui absuelvo del tema del cemento chino por completo por parte de la Corte Suprema de Justicia, y en segundo orden de ideas porque no se puede violentar el reglamento para despedir una persona, lo que me obligaría a mí a reclamar mis derechos laborales, y como ustedes sabrán los magistrados tienen un salario alto, y mi expectativa de vida y de trabajo en la Corte también es larga proyectada a más de 30 años, de modo tal de que yo no quiero un peso del Estado costarricense pero si me despiden de manera ilegal, ténganlo por seguro que como cualquier trabajador, y por favor costarricenses comprendan es una decisión a la cual me están empujando los diputados, es ir a reclamar como cualquier empleado despedido injustamente mis derechos laborales y los extremos que me corresponden, esto es un tema estrictamente que me atañe como cualquier ciudadano costarricense” – Celso Gamboa.
El magistrado suspendido fue enfático en señalar que si se quiere forzar el voto público por causales que no fueron acusadas por la Corte los diputados estarían exponiendo a los ciudadanos “a pagar errores graves por el populismo legislativo que está imperando en este momento y que definitivamente Costa Rica no merece esto y yo no lo quiero, porque yo no hice nada para ser destituido”.
Gamboa lo que está solicitando es que sea un voto secreto que se ajuste al reglamento de la Asamblea Legislativa.
