San José, 24 feb (elmundo.cr) – El magistrado destituido, Celso Gamboa, quien también se desempeñó como ministro de Seguridad, director de la DIS y fiscal, se cuestionó si existirá algún fuero especial para los militantes PAC, que les exime de sufrir engorrosas y vergonzosas investigaciones.
“Quisiera saber si la Fiscalía General actuará de oficio ante semejante vulneración al ordenamiento jurídico”, comentó el abogado, en alusión a la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y al presunto tráfico de influencias agravado por parte de Ottón Solís, al haber contactado al diputado Gustavo Viales para que le acomodara su comparecencia”.
En esa misma línea, aseguró que crear un Big Data de la información personal de los ciudadanos vía decreto “es total y absolutamente deleznable, delictiva y por mucho menos de eso a muchos de nosotros se nos ha perseguido”.
“Como exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), solo puedo avergonzarme de no haber previsto una invasión delictiva y extorsiva desde la propia Casa Presidencial”, reprochó el exmagistrado.
Al tiempo que advirtió que el acopio ilegal, delictivo, inconstitucional de datos por este grupo de muchachos adscritos a Casa Presidencial, tienen fines nefastos para con la ciudadanía y el sector empresarial.
“Nunca, ni en los momentos más tensos socialmente hablando, nos cruzó por la cabeza semejante artimaña para coordinar una operación política policial en donde su información pasa a manos del Estado sin orden jurisdiccional de respaldo. Su información personal fue utilizada con fines total y absolutamente desconocidos por parte de un grupo adscrito a Casa Presidencial”, señaló Gamboa.
Por su parte, recordó que durante la administración anterior fue compañero ministro del presidente Carlos Alvarado, y tiene claro que su fuerte no es la seguridad ciudadana, por lo que insinuó que fue su núcleo de asesores quien le aconsejó crear la UPAD, lo cual, señaló, “debe tener respuesta inmediata por parte de la Fiscalía General de la República”.
“Este no es un hecho que usted deba olvidar. Este es un hecho que marca a Costa Rica y la coloca como un país violatorio de los Derechos Humanos”, concluyó Gamboa.
