San José, 18 mar (elmundo.cr) – Los representantes de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet) solicitaron a los diputados aprobar el proyecto de ley 21653 “Interpretación auténtica de la ley del impuesto al valor agregado (IVA). Ley N° 6826, para resguardar la exoneración a los entes públicos, asociaciones cooperativas y consorcios cooperativos que distribuyen electricidad”.
Dicha iniciativa fue propuesta por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estrada y otros diputados para frenar el impacto indirecto del IVA en las tarifas eléctricas en general.
“En momentos en que como costarricenses estamos viviendo un pandemia con repercusiones en la economía nacional, es necesario impulsar aquellas iniciativas que vengan a aliviar el bolsillo de la gente y no desmejore la competitividad empresarial”, comentó Allan Benavides, presidente de Cedet.
El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa.
Erick Rojas, vicepresidente de Cedet comentó que “nos parece que es oportuno y conveniente incluirlo dentro de la lista de iniciativas de ley presentadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar la situación económica agravadas por el impacto del Coronavirus, puesto que es una medida económica en línea con las medidas económicas de emergencia que el Gobierno de la República está planteando frente a la Pandemia del COVID-19”.
¿Cuál es la situación?
Según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 13% del IVA aplica para las familias que consumen más de 280 kWh. No obstante, las distribuidoras deben pagar el 100% del IVA al comprar la energía eléctrica que distribuyen, pero no puedan recuperar ese costo al venderlo a sus abonados.
Gran gran parte de los usuarios de las distribuidoras quedaron exonerados según la ley, con lo cual se genera un aumento de los costos y por ende un “hueco financiero” para las distribuidoras, teniendo que trasladar dicho costo a la tarifa, tal y como lo establece la regulación.
Así se genera un aumento indirecto en las tarifas eléctricas por IVA que los usuarios no deberían estar sufriendo y que consecuentemente les reduce el presupuesto a las familias costarricenses. Además, hace que el país sea menos competitivo.
