San José, 04 nov (elmundo.cr) – La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Procuraduría General de la República (PGR), solicitaron a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declarar inconstitucional el decreto ejecutivo que emitió el Presidente Luis Guillermo Solís, que regula la técnica de la Fertilización in Vitro (FIV).
Según trascendió, María del Rocío Sáenz Madrigal, presidenta ejecutiva de la CCSS solicitó anular el decreto del Presidente al considerar que la FIV solo puede regularse por una Ley formal y material, además que señaló “graves” vacíos en la norma emitida por el mandatario, la cual no fue consultada a su institución.
“Las instancias técnicas de la CCSS han advertido que la autorización de esta técnica no podían dejar de lado la regulación de aspectos que pueden alterar, afectar, modificar, variar o violentar elementos esenciales de la vida, de procreación, de filiación, sancionatorios, etc.”, dijo Sáenz Madrigal.
De acuerdo con la presidenta ejecutiva de la CCSS, el decreto omite el tiempo en el que se pueden congelar los embriones y las condiciones legales en que pueden ser estos reclamados. Asimismo dijo que no se establecieron reglas para la donación de esperma u óvulos y tampoco hizo referencia a si las normas del Código Civil, Código Penal y Código de Familia son modificadas o derogadas.
Sáenz apunta también que Solís y su decreto no establece un procedimiento sobre el otorgamiento de certificados de funcionamiento a los laboratorios que apliquen la FIV ni las condiciones en que estos certificados deben ser entregados.
El decreto que regula la FIV fue suspendido por al Sala Constitucional, quien acogió una acción de inconstitucionalidad presentada por varios diputados del bloque conservador, motivo que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha exigir explicaciones al país por esta nueva violación a la sentencia que la obliga a poner en marcha la técnica FIV.
Por su parte, la Procuraduría General de la República, ente que funciona como el abogado del Estado, declaró que según la Constitución no es procedente que por la vía de un decreto ejecutivo se regulen los derechos fundamentales, ni su nivel de protección ni forma en la que deben ser ponderados.
Para Ana Lorena Brenes, Procuradora General, la Sala Constitucional sí tiene competencia para conocer y resolver la acción de inconstitucionalidad planteada contra la FIV.
Brenes recordó que hay una sentencia internacional que obliga al país a legislar en materia de Fertilización in Vitro.
Desde Zapote, Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, declaró como “inadmisible” lo dicho tanto por la CCSS como por la Procuraduría.
Presidencia insiste en que un decreto basta para regular la técnica de la FIV, luego de que la Sala Constitucional se la trajera abajo años atrás por considerar que era violatoria del derecho a la vida humana.
