Redacción, 28 abr (elmundo.cr) – Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Educación Pública (MEP) alcanzaron este viernes un acuerdo con el que se reanuda la atención médica al personal del ministerio, incluyendo entrega de medicamentos, servicios hospitalarios, trámite de incapacidades y demás servicios a los que tienen derecho como asegurados.
El anuncio lo hizo el MEP mediante un comunicado de prensa, luego de que firmara un acuerdo con la Caja que puso fin al diferendo por planillas extraordinarias relativas al cobro que hace el Seguro Social al ministerio, por cuotas dejadas de pagar por el incentivo denominado “Índice de Desarrollo Social Relativo”.
Según explicó el MEP, anteriormente dicho incentivo era de categoría “no salarial” y por ende, no debían hacerse deducciones obrero patronales, como sí ocurre con los salarios y otros incentivos, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) lo había ratificado así mediante el pronunciamiento vinculante C-137-2014, del 5 de mayo del 2014.
Sin embargo, ese mismo año la Inspección de la CCSS emitió un criterio en el que dijo que dicho incentivo sí era de naturaleza salarial y por ende, debía pagar cuotas obrero-patronales. El MEP impugnó ese criterio, aduciendo que contradecía lo dicho por el Abogado del Estado, sin embargo, el pasado 10 de febrero la Procuraduría cambió su criterio y dijo que el IDS sí es de naturaleza salarial.
En diciembre del 2016, el MEP suscribió un acuerdo con la CCSS, no obstante, el Ministerio de Hacienda no autorizó el pago debido a la existencia del criterio contradictorio de la Procuraduría, lo que hizo que la Caja calificara como “patrono moroso” al Ministerio de Educación.
Una vez la Procuraduría varió su posición, el MEP y Hacienda retomaron las negociaciones, con el fin de saldar la deuda con la Seguridad Social.
“El MEP siempre contó con los recursos suficientes para pagar la suma cobrada por la CCSS en su presupuesto de remuneraciones, pero el trámite de autorización del pago de la suma adeudada pasó por identificar a las personas que recibieron el IDS entre el 2010 y el 2014 para hacer el depósito de lo correspondiente a la Ley de Protección al Trabajador en la cuenta de cada uno de ellos”, dijo el MEP.
Superado ese proceso fue necesario calcular los intereses proyectándolos a una fecha fija y sincronizar las autorizaciones de Presidencia, Caja del Seguro, el Ministerio de Hacienda y el MEP, para que en esa misma fecha se efectuara el primer pago por ¢7068 millones y se suscribiera el nuevo convenio.
