San José, 12 ago (elmundo.cr) – La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó a la Asamblea Legislativa enviar a consulta de la Sala Constitucional el Proyecto Ley amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales, comunicó el presidente ejecutivo, doctor Román Macaya Hayes.
Macaya Hayes indicó que el órgano director reconoce el espíritu de esta ley, que fue discutida de manera amplia este 10 y 11 de agosto, muy consciente de que en esta difícil época de pandemia hay cientos de miles de personas que no gozan de una cobertura de la seguridad social porque están en esta condición de mora, lo que se agrava con las personas que no están cotizando al IVM.
En este análisis se conoció un criterio de la Dirección Jurídica que a su vez cita criterios y opiniones jurídicas de la Procuraduría General de la República y oficios de la Contraloría General de la República, que señalan la imposibilidad de que esto se pueda legislar o inclusive reglamentar por la propia CCSS por tener roces con los principios constitucionales y legales de la seguridad social.
Adicionalmente en criterio de la CGR, la condonación, entre otras cosas: podría limitar la recaudación de recursos que sustenta el régimen de seguridad social como un todo generándole una eventual desprotección; adicionalmente se señala que podría estar ante un desincentivo para quienes pagan a tiempo sus obligaciones; se estaría violentando la autonomía de la CCSS e inclusive, pone en duda que la misma Junta Directiva pueda tomar estas decisiones.
Ante esto, la “Junta Directiva acordó no oponernos al proyecto en el tanto, primero, se considere respetuosamente incorporar una lista de modificaciones que hemos hecho al texto y, además, se envíe a consulta de la Sala Constitucional, si esta ley llega a ser aprobada en primer debate”, dijo el jerarca.
El presidente ejecutivo enfatizó que, además de estas dos condiciones, se plantea que todas las potestades facultativas para la Junta Directiva queden expresamente reflejadas en el proyecto y que no sean obligatorias, porque eso podría generar la posible inconstitucionalidad de la norma.
