San José, 30 mar (elmundo.cr) – Desde el pasado viernes, las 77 sucursales financieras de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se pondrán detrás de los mayores patronos morosos que tiene en su unidad, como parte de una estrategia de comunicación que tienen la institución sobre la morosidad.
Durante la jornada, cada sucursal pondrá en un lugar visible la lista de los 10 patronos morosos, con el nombre tanto de la empresa como de sus representantes legales. Esta actividad se llevará a cabo a lo largo y ancho del país.
Luis Diego Calderón, director de Cobros de la CCSS, explicó que el objetivo de esta actividad es recordarles a los patronos morosos el deber que tienen de cumplir con sus obligaciones obrero-patronales, para beneficio de los costarricenses.
Calderón dijo que estar al día con la CCSS es de gran importancia porque implica una responsabilidad y compromiso social y el bienestar de la Seguridad Social, ya que no pagar produce un debilitamiento en los seguros de salud y de pensiones.
De acuerdo con datos de la Dirección de Cobros de la CCSS, se publicarán 705 patronos morosos, cuyo monto adeudado alcanza los ¢18 334 millones, de los cuales el 50% de la deuda se concentra en el Valle Central del país.
Calderón explicó que si bien es cierto que la región Chorotega (Guanacaste y Pacífico Central) es quien tiene la mayor cantidad de patronos morosos -213 en total-, la región Central es la que acumula el monto mayor, el cual asciende a ¢4 458 millones.
El funcionario precisó que a estos patronos, se les ha realizado 1,410 procedimientos de cierre instaurados, 5,154 procesos de cobro judicial y 1,791 denuncias penales por el delito de retención indebida.
Las consecuencias de estar moroso con la institución, que establece la Ley Constitutiva de la CCSS, son: denuncias penales por el delito de retención indebida en caso de no pago de las cuotas obreras, cierre del negocio por cinco días y prorrogables por otro periodo igual en caso de mantenerse la morosidad, cobro del costo en que incurrió la CCSS por las atenciones médicas brindadas a los trabajadores del deudor, pago de intereses y multas por morosidad.
También la prohibición de realizar trámites en la administración pública como la admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones, la inscripción de todo documento en los registro públicos mercantiles, asociaciones deportivas y el registro de organizaciones sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública o incluso el disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales.
