San José, 29 jun (elmundo.cr) – El Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (CCPDH) se pronunció ante la amenaza contra independencia funcional y de criterio de la Defensoría de los Habitantes, por medio su titular, Catalina Crespo.
El Consejo está integrado por el Ombudsman de Belice, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua y la Defensoría del Pueblo de Panamá.
Para la CCPDH el ataque contra la defensora Crespo “vulneraría normas internas e internacionales de derechos humanos, reconocidos en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El Consejo “ve con enorme sorpresa y preocupación los ataques de que está siendo objeto la defensora de los Habitantes de Costa Rica, Catalina Crespo Sancho, por parte de diferentes sectores, los cuales repudiamos y externamos nuestro total apoyo a su gestión, ya que son evidentes las manifestaciones para su destitución por investigar una clara violación al derecho y protección de los datos privados de los y las ciudadanas costarricenses”.
“También, es inquietante que diferentes medios de comunicación expresen el poco acceso que tienen a las fuentes de información del Gobierno de la República, que les limita el ejercicio de libertad de prensa e información, que viola claramente, el derecho de los habitantes a estar informados de manera veraz y verificable”, agregan.
El Consejo señala que estos actos que vulneran la independencia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, se han presentado, con anterioridad, en otros Estados de Centroamérica.
“Lo que nos causa una enorme preocupación, ya que esta nación es ejemplo de democracia y de respeto de los derechos humanos de las y los ciudadanos. Estas manifestaciones que amenazan a los defensores y defensoras estatales de los derechos humanos, no solo afectan a sus jerarcas y las instituciones, sino que minan sus ámbitos de gestión”, explican.
Según el CCPDH esto representa “una clara violación a los principios fundamentales de un Estado democrático de derecho, como el que rige a nuestros países. El principal rol de estas instituciones de derechos humanos consiste en garantizar la protección y respeto de la dignidad humana, velando por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y constituyen un órgano de control para protegerlos derechos humanos de la población”.
“De manera firme y vehemente hacemos un llamado a la ciudadanía costarricense para que cierre filas en la protección de sus propios derechos humanos, afirmando la independencia de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y de la figura de su titular”, concluyen.
