San José, 10 feb (elmundo.cr) – El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública anuló este lunes la declaratoria de crimen organizado en el caso conocido como Diamante, tras acoger las apelaciones presentadas por la defensa de los imputados en el proceso por presunta corrupción en obras públicas municipales.
La decisión se desprende del voto 052-2025, suscrito por el juez Ricardo Alvarado, en el que se señala la “ineficacia de las resoluciones que ordenaron la declaratoria de procedimiento especial de delincuencia organizada”. Con esta resolución, los plazos del proceso se reducen y algunas pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas podrían quedar invalidadas.
Uno de los abogados del caso, Juan Marcos Rivero, representante del empresario investigado Daniel Cruz, identificó el error que llevó a la anulación de la declaratoria. Según Rivero, la resolución que fundamentaba el caso incluía párrafos copiados de otro expediente que investigaba un homicidio y un aborto, sin relación con el Caso Diamante.
“Fue un copy-paste total y absoluto”, señaló el abogado, agregando que la falta de fundamentación hacía insostenible la declaratoria de crimen organizado.
Esta resolución es definitiva, ya que se emitió en la etapa de apelaciones, lo que impide que pueda ser recurrida nuevamente.
Implicaciones para la investigación
El Caso Diamante involucra a funcionarios municipales, entre ellos seis alcaldes, quienes presuntamente recibieron sobornos en al menos 15 proyectos de infraestructura vial cantonal.
Entre los investigados están los exalcaldes Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos), Alberto Cole (Osa) y el exalcalde de Escazú, Arnoldo Barahona. También figuran el empresario Carlos Cerdas, dueño de la constructora MECO, y el empresario Daniel Cruz.
El fallo representa un revés para la Fiscalía, que defendió la declaratoria de crimen organizado argumentando que el error en la resolución original no invalidaba el procedimiento. No obstante, el Tribunal determinó que una declaratoria de este tipo debe estar debidamente fundamentada y ajustada al ordenamiento jurídico.
Por tanto, el Tribunal resolvió
De conformidad con la Constitución Política, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Código Procesal Penal, se declaran admisibles los recursos de apelación interpuestos por los defensores y se anula la declaratoria de crimen organizado. Se ordena la devolución inmediata del expediente al despacho de origen para que se continúe con el procedimiento respectivo.
