San José, 15 nov (elmundo.cr) – La Sala III de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación) dejó en firme, este miércoles, la condena al Partido Movimiento Libertario de pagar 209 millones de colones, por haber estafado al Estado costarricense, mediante el cobro de capacitaciones inexistentes durante la campaña electoral del 2010.
Así lo comunicó la tarde de este miércoles la oficina de prensa del Poder Judicial, luego de que los magistrados declararon sin lugar el recurso presentado por el representante legal del partido político.
La Sala había admitido para estudio el recurso de casación, en cuanto a los alegatos de configuración del delito de estafa y falta de fundamentación, los cuales fueron rechazados por el fondo.
“Con esta resolución la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José se mantiene incólume”, dijo el Poder Judicial.
De este modo, el partido de derecha deberá pagar 209 millones de colones, correspondiente al monto de la estafa al Estado, los intereses que ascienden a 67 millones de colones y las costas de la acción civil resarcitoria y del proceso judicial, las cuales fueron fijadas en 33 millones de colones, para un total de 309 millones de colones.
ANTECEDENTES
El 23 de octubre del 2015 el Tribunal Penal de San José condenó a Ronaldo Alfaro, extesorero del Movimiento Libertario; Carlos Solano, exsecretario del partido y a Róger Segura, contador de la agrupación, tras declararseles culpables del delito de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Alfaro fue condenado a 8 años de cárcel, Segura a 5 años y Solano a 3 años, con beneficio de ejecución condicional de la pena
El Tribunal determinó que los tres acusados eran coautores de una estafa mayor mediante un plan que idearon únicamente para poder estafar al Estado, cobrando la contribución estatal que se otorga a los partidos políticos según su caudal de votos.
El caso se destapó en el año 2011, cuando el Movimiento Libertario intentó cobrarle al Tribunal Supremo de Elecciones 209 millones de colones por supuestas capacitaciones que fueron facturadas a nombre de una asociación llamada Instituto Libertad y Progreso (Ilpro), la cual fue fundada por los mismos dirigentes de la agrupación.
Para justificar los gastos, el Libertario remitió listas de asistencias en las que aparecían personas e instructores que atestiguaron nunca haber participado en dichos cursos, incluyendo periodistas, empresarios y otras figuras políticas.
El Tribunal señaló a Ronaldo Alfaro como la persona que ideó el plan de recolectar firmas en actos proselitistas para después intentarlas pasar ante el TSE como listas de asistencia a capacitaciones para cobrar deuda política.
