San José, 21 mar (elmundo.cr) – La Casa Presidencial supo a finales del año pasado que el pago de prohibición a la viceministra Ana Gabriel Zuñiga Aponte carecía de una base legal sólida que lo sustentara.
Así lo reveló este martes el diario La Nación en su versión digital, apuntando que Sergio Alfaro, Ministro de la Presidencia tardó 50 días en enviar a la Procuraduría General de la República -ente que funge como Abogado del Estado- la consulta sobre la viabilidad de pagarle prohibición a una viceministra que no ha culminado la carrera de Derecho y que no está incorporada al Colegio de Abogados.
EL MUNDO pidió desde la semana anterior a Casa Presidencial detallar la fecha concreta en que recibió un informe de auditoría donde se señalaban supuestos pagos indebidos de prohibición y dedicación exclusiva a varios funcionarios de la Presidencia, sin embargo a la fecha no ha habido entrega de esa información.
La Nación reveló que el informe, hecho por la Auditoría Interna de la Casa Presidencial entregó sus hallazgos preliminares el 1 de diciembre del 2016. Allí se cuestionó el pago no solo a la viceministra Zuñiga Aponte, sino también a la vicepresidenta Ana Helena Chacón y otros tres funcionarios.
El caso de la segunda al mando del Gobierno fue, sin embargo, cerrado recientemente al constatarse que sí cumple con los requisitos académicos y legales para percibir el 65% adicional a su salario base como compensación al no ejercer la profesión liberal para la que está habilitada ejercer: internacionalista.
El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro tardó hasta el 20 de enero de 2017 en ordenar la apertura de los procedimientos administrativos para determinar si el pago de prohibición o dedicación exclusiva a esos funcionarios era correcto.
Diez días después, el 30 de enero, EL MUNDO solicitó a Casa Presidencial detallar la base legal y los pagos de prohibición a la viceministra Ana Gabriel Zuñiga Aponte. La respuesta a este medio llegó el 14 de febrero y dos días después, la jerarca fue informada de que su pago de prohibición estaba cuestionado y que se había abierto una investigación sobre el caso.
El 20 de enero, EL MUNDO reveló los resultados de su investigación independiente, donde se concluyó que Zuñiga Aponte ha cobrado más de ¢30 millones de colones en prohibición sin tener los requisitos para ello y no fue sino hasta el 24 de ese mismo mes, que Casa Presidencial consultó a la Procuraduría sobre la legalidad del pago a la jerarca.
EXCUSA. El Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera dijo hoy en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno que la consulta se envió hasta esa fecha pues se encontraba el receso de fin e inicio de año, así como la batalla contra los efectos del huracán Otto en el país.
Dicha consulta a la Procuraduría requería que de previo, la División Jurídica de la Casa Presidencial emitiera su criterio sobre la legalidad del pago de prohibición a una viceministra, bachiller en Derecho y que no se ha incorporado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Posteriormente, la Procuraduría General de la República, una vez recibida la consulta y el criterio de la División Jurídica de la Presidencia, estudia la base legal nombrada, la que en efecto debe usarse y finalmente, emite su pronunciamiento el cual es de carácter vinculante. Dicha contestación aún no ha sido entregada.
“La Dirección Jurídica estaba trabajando en muchos asuntos relacionados con el huracán Había una serie de tramitaciones que debían hacerse y un expediente de 300 páginas que debía ser estudiado con detalle. Eso fue lo que pasó en el camino”, manifestó el titular de Comunicación del Gobierno.
