Zapote, 9 may (elmundo.cr) – La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga Aponte deberá devolver los más de 30 millones de colones que cobró ilegalmente por la compensación salarial de prohibición.
Así lo resolvió el órgano director del procedimiento administrativo abierto en contra de la funcionaria y cuyo anuncio fue hecho durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, por parte del Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera.
Zuñiga Aponte cobraba la compensación por prohibición para ejercer profesiones liberales, pese a que no podía ejercer la abogacía al no ser licenciada en Derecho y no estar incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Dicho rubro implicaba un plus del 65% adicional a su salario base, más de 800 mil colones al mes, los cuales cobraba desde que fue nombrada por el Presidente Luis Guillermo Solís.
Una investigación de EL MUNDO determinó que Zuñiga Aponte cobraba esa compensación de forma ilegal, ya que el mismo solo se otorga a quienes pueden ejercer una profesión liberal, y en el caso de ella, eso no era así.
Durante meses la funcionaria intentó justificar su pago por prohibición, reiterando que era absolutamente legal y que no devolvería los dineros hasta que un “ente competente” se lo ordenara.
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La Contralora Marta Acosta le dijo a la jerarca que su pago por prohibición era ilegal, durante una audiencia en la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, sin embargo, dijo entonces que esperaría a que se pronunciara la Procuraduría General de la República, en su figura de Abogado del Estado.
En dicha audiencia, Ana Gabriel Zuñiga dijo que ella y los otros jerarcas que han sido expuestos por cobrar los incentivos salariales sin tener los requisitos para ello, son “víctimas” del sistema y la falta de orden en los departamentos administrativos.
Zuñiga se dejó decir que si estas discusiones, sobre en cuales casos procede el pago o no de la prohibición, “se hubiesen dado en administraciones pasadas, nos hubiésemos ahorrado este golpe a la credibilidad de sistema”.
En abril pasado, la Procuraduría volvió a reiterar lo que ya había dicho desde hace varios años. “Para tener derecho a la compensación económica derivada de esa prohibición es indispensable ocupar uno de los puestos afectados por la restricción, ostentar una profesión liberal, y estar en posibilidad efectiva de ejercerla, lo que implica estar incorporado al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que así se requiera para el ejercicio liberal de la profesión”, dice el pronunciamiento del Abogado del Estado.
La Procuraduría fue clara en que los funcionarios que sean egresados de la carrera de Licenciatura en Derecho no pueden ejercer liberalmente la abogacía, pues para ello es necesario que hayan obtenido el grado académico de licenciatura, y que sean miembros activos del Colegio de Abogados de Costa Rica.
“Por lo anterior, los funcionarios que sean egresados de la carrera de Licenciatura en Derecho y que ocupen alguno de los cargos a los que se refiere el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, no tienen derecho a recibir la compensación económica contemplada en el artículo 15 de esa ley”, dice el documento.
Ana Gabriel Zuñiga ya devolvió el 20% de lo que cobró ilegalmente: ¢7.980.306,88 colones, ya que la funcionaria mantenía la esperanza de que el órgano del procedimiento administrativo en su contra determinara que le correspondía un 45% de prohibición, con base a otra Ley que no es la del combate a la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Los restantes 19 millones de colones los pagará en tres pagos de ¢6.342.749 colones en los meses de agosto y diciembre de 2017, y uno final en marzo de 2018.
El ministro Mauricio Herrera dijo que los pagos se harán de esa manera, pues la jerarca no tiene todos los recursos económicos a la mano para pagarlo en un solo tracto.
La viceministra de la Presidencia fue la tercera de este Gobierno que fue expuesta por la prensa, por cobrar ilegalmente esa compensación salarial. La primera fue la viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz, seguida de la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos.
Posterior a ellas dos, apareció el caso de Víctor Barrantes del Viceministerio de Paz, la exviceministra de Agricultura, Gina Paniagua y el Ministro de Turismo, Mauricio Ventura.
En total, todos ellos han cobrado más de 113 millones de colones de forma ilegal.
