Carolina Delgado propone pago posterior de patentes a nuevos emprendimientos

San José, 23 jun (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional, Carolina Delgado, presentó el proyecto 23.191 Ley para Facilitar el Inicio de Emprendimientos Productivos, el cual busca que en vez de pagar anticipadamente la patente municipal, los nuevos negocios podrían hacerlo hasta seis meses después de su apertura, como una forma de apoyar la consolidación y crecimiento de los emprendimientos en todo el país.

El proyecto incorpora otras dos medidas adicionales para apoyar a los emprendimientos, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Una de ellas plantea la eliminación del requisito de certificación de uso de suelo en aquellas actividades lucrativas que pueden realizarse desde los hogares y la otra excluye el requisito de permiso sanitario de funcionamiento en actividades económicas de riesgo bajo o nulo.

“En momentos en que el desempleo en el país se estanca en un 13,3% lo que representa a 325 mil personas, necesitamos que se realicen las reformas para apoyar a los nuevos emprendimientos. Al cambiar las condiciones para el pago de patentes y suprimir requisitos de uso obligatorio de suelo y permiso sanitario, en condiciones especiales, le estamos facilitando al emprendedor los trámites que deben realizar las personas cuando desean iniciar su negocio propio. Nuestro objetivo es que la empresa que nazca, se convierta en empresa exitosa, que genere empleo y fomente la reactivación económica en el país”, manifestó la diputada Carolina Delgado.

El informe Doing Bussines 2020 el cual señala que en Costa Rica se requiere un promedio de 23 días para abrir un negocio en el país, mientras que en el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 9,2 días.

El proyecto modifica los artículos 78 y 88 del Código Municipal, de manera que se establece que una vez iniciada la operación de la actividad lucrativa, el interesado deberá reportarla por escrito a la Municipalidad correspondiente, la cual le otorgará un periodo de gracia de seis meses. Al final de ese plazo, comenzará a cobrársele el monto establecido para la respectiva licencia.

Esta medida permitirá a los emprendimientos comenzar a producir ingresos para luego pagar la patente, en lugar del esquema actual donde las personas deben consumir los pocos recursos que han logrado acumular para cumplir con ese requisito, perdiendo la oportunidad de utilizar su capital de trabajo en la actividad productiva.

Además de brindarle el beneficio económico del pago posterior y no anticipado de la patente, esta medida también fomenta la formalización de las empresas, lo que ayudará a los gobiernos locales a tener más información sobre los emprendimientos que establezcan en cada cantón.

En la misma reforma del artículo 88 se propone que aquellas actividades lucrativas que por su naturaleza no tengan afectación en su entorno y que puedan realizarse en casas de habitación estarán exentas de cumplir con el requisito del uso de suelo.

Adicionalmente, el artículo 4 del proyecto de ley determina que no se requerirá permiso sanitario de funcionamiento para las actividades que presenten un riesgo sanitario y ambiental bajo, que de acuerdo con la clasificación que realiza el Ministerio de Salud, son catalogadas en el Grupo C o de riesgo bajo.

Entre estas actividades se señalan por ejemplo las ventas de vehículos, de repuestos, textiles, zapaterías, pulperías, abastecedores y minisúperes, ferreterías, librerías, bazares, tiendas de ropa, ventas de artesanías, equipos de cómputo, bienes raíces, entre otro tipo de comercios.

Las medidas sobre el uso de suelo y el permiso sanitario buscan alinear la legislación a la realidad actual de muchas actividades económicas que han migrado hacia la virtualidad y que tuvieron un auge tras la llegada de la pandemia. Cifras del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) señalan que para el 2020, el crecimiento del comercio electrónico registró un crecimiento del 8,7% respecto al año previo, lo que equivalió a ingresos por $671 millones.

“Necesitamos remozar y adaptar nuestro marco normativo hacia la nueva realidad de la economía digital y suprimir requisitos que son innecesarios para la operación de una empresa que requiere más facilidad en sus trámites para poder operar. El comercio en línea llegó para quedarse y a través de este proyecto de ley buscamos ponernos del lado de la persona emprendedora”, concluyó Delgado.

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