San José, 26 may (elmundo.cr) – De esta manera reaccionó la diputada de Nueva República, Carmen Chan ante la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica.
Chan señaló que “hoy no es un día para celebrar, más bien es un día para reflexionar cuán lejos será capaz de llegar el PAC enarbolando las banderas de la comunidad LGTBI, por encima de la mayoría de este país”.
“Desde el pasado 15 de mayo, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, publicó un comunicado de prensa en donde defiende el matrimonio heterosexual como un sacramento de la Iglesia Católica”, agregó.
La legisladora enfatizó que “desde que Carlos Alvarado asumió el poder, ha pisoteado nuestros más sagrados valores, creencias religiosas, y convicciones morales, independiente de la religión que tengamos, en detrimento de la institución de la familia”.
“Y ya nos mandó la señal de que ni la ley misma lo va a frenar, lo hizo con la firma de la norma del aborto y lo hace hoy con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, a sabiendas de que esta reforma de manera impuesta y automática como se originó, va a traer graves problemas de inseguridad jurídica”, añadió.
Para Chan el matrimonio es una institución sagrada, la base de la familia, de la filiación de los hijos, que hoy “está siendo reformada de manera forzada y arbitraria, no por decisión o voluntad propia de un país, de su pueblo, sino por imposición de un organismo internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en arreglo con un Gobierno defensor de estas ideologías de moda”.
Además, explicó que desde la Asamblea Legislativa intentaron frenar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario con dos proyectos de ley, pues asegura que afectará la seguridad jurídica del sistema democrático costarricense, pues a la par de esta reforma del código de familia se debieron hacer modificaciones en varias leyes vinculadas al tema.
Chan sostuvo que “el propósito del PAC era que entrara en vigencia automáticamente el matrimonio igualitario, lo que constituía una promesa de campaña. Tal es así que de los 18 meses que la Sala Constitucional otorgó para legislar sobre el matrimonio igualitario, el Gobierno tuvo 11 meses de sesiones extraordinarias, periodo en el que el presidente de la República controla la agenda legislativa y no convocó ni un solo proyecto relacionado con el tema de los que presentamos”.
“Queda mucho por definir y daremos la lucha para evitar que en nuestro país se tomen represalias o persecuciones contra quienes no estamos de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo”, concluyó.
