San José, 8 ago (elmundo.cr) – La diputada de Nueva República, Carmen Chan, criticó que el gobierno destine ¢165 millones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) para invertirlos en un proyecto llamado Plan de Zonas.
Mediante este proyecto la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) pretende comprar materiales de construcción, camas, servicios de ambulancia e implementos de cocina, para recibir extranjeros en el país una vez que se dé la apertura de fronteras terrestres.
Ante esto, Chan señaló que “los costarricenses siempre hemos sido solidarios, pero esto no puede traducirse en apoyar el uso de 165 millones de colones, de la Comisión Nacional de Emergencias, para un proyecto llamado Plan de Zonas para recibir extranjeros cuando se abran las fronteras”.
“Desde Casa Presidencial se han venido anunciando nuevos impuestos para los costarricenses y más deuda externa como única vía para enfrentar la quiebra y ruina económica que se avecina. Un país con un 24% de desempleo y una crisis fiscal sin resolver, no puede sostener programas de atención a inmigrantes, cuando ni siquiera tiene capacidad para apoyar a sus propios ciudadanos”, agregó.
Para la legisladora “está bien ayudar a los otros, pero debemos empezar por ayudarnos a nosotros mismos. Nadie puede dar lo que no tiene. Esas son verdades que no se discuten”.
“Nuestra policía de fronteras está desatendida presupuestariamente. Primero cuidemos nuestras fronteras, dotemos a nuestros policías de sedes dignas, con herramientas modernas, eficaces y luego hablemos de estos proyectos faraónicos que sólo buscan afianzar las relaciones del gobierno con sus aliados en este proceso totalitario”, sostuvo.
Chan comentó que “si quieren proteger a la población costarricense, destinen recursos para evitar la entrada ilegal de migrantes, refuercen fronteras, extremen la vigilancia y fortalezcan la policía de migración”.
“No entiendo que la Dirección Nacional de Migración y Extranjería se lamente de los pocos recursos que dispone para mejorar las condiciones y ampliar la policía de migración, y en cambio tienen un fondo social para garantizar la alimentación de los migrantes, justificándose en que ese dinero sale de los 25 dólares que un migrante al sacar su documento migratorio”, manifestó.
La diputada enfatizó que “es hora de que aunque sea por una vez el Gobierno sea sensato y actúe con sentido común”.
