San José, 19 may (elmundo.cr) – El diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides expresó ante el Plenario razones jurídicas, políticas y humanas para no continuar con la discusión de una moción que pretende retrasar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario.
El legislador aseguró que «yo soy abogado, producto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de su Sistema de Estudios de Posgrado en Derecho Público, y como abogado me resulta imposible acceder a una situación que pretende desconocer la ley, la constitución política y el sistema Interamericano de Derechos Humanos».
Para el diputado «no es dable que un abogado se incline por denostar el sistema jurídico». Asimismo, Benavides indicó que «este es un país de derecho y no podemos dejar de entender que es una situación resuelta desde el punto de vista jurídico, resuelta por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y resuelta por la Sala Constitucional de la República de Costa Rica, y que por lo tanto, no tiene mayores discusiones».
«El matrimonio igualitario es una realidad en Costa Rica, no lo va a cambiar nadie, ni aunque le den 18 o 25 meses, lo único que vamos a hacer es prolongar una situación que no debimos haber prolongado mucho más», agregó.
En cuanto a las razones de orden orden político, Benavides aseveró que «nuestro sistema político fue incapaz de resolverle la situación a cientos de miles de costarricenses durante tantos años, y que no hemos sido capaces de arreglar una situación que es absolutamente relevante para nuestros habitantes».
«Por dicha, el sistema democrático funcionó aplicando las normas de carácter internacional para resolver un conflicto o un problema que nosotros no pudimos resolver como parlamento y como partidos políticos», advirtió Benavides.
Además, el legislador hace un “mea culpa” por el perjuicio ocasionado a las personas que han vivido sin la protección jurídica del Estado.
«Y aquí hay que hacer un mea culpa, y lo hago yo particularmente. Lo hago justamente porque he estado ya muchos años en política, y no adveré, no cuidé la solución de un tema tan importante para la sociedad costarricense», comentó.
Benavides aseveró que «hemos permitido que la situación viniera impuesta desde un Tribunal Internacional sin haber resuelto nosotros algo tan importante para la democracia costarricense, como es, igualar los derechos de la gente en una materia».
Además, el legislador señaló que «dejamos pasar años, y ahora por supuesto que pienso eso con amargura, en toda la gente que permitimos que viviera sin protección jurídica, gente que murió sin protección jurídica, gente que aspiraba a que el estado costarricense le protegiera y que no la protegimos y ahí hay una deuda con la ciudadanía y particularmente con las personas de la comunidad LGTBI».
Por otro lado, Benavides comentó que tiene razones humanas para pedir a los señores diputados que no comentan el error de retroceder. De igual manera, afirmó que «no les habla un ateo o un agnóstico, les habla un creyente. Yo soy cristiano católico, y trato de hurgar en mis convicciones más personales y encuentro que el Dios en el que yo creo no hace discriminación».
Para el legislador, deberíamos pensar en dos preceptos, uno bíblico y otro popular. Por un lado, Benavides señaló que «en el Nuevo Testamento, Jesús nos habló de un nuevo mandamiento simple y que resume al cristianismo completo, y es «amarnos los unos a los otros como Cristo nos ama». Sin embargo, para Benavides «no es amar a la gente seguir insistiendo en patearle los derechos».
Por otro lado, el diputado comentó que «hay un mandamiento popular que es aplicable en esta situación, popularmente lo llaman el onceavo mandamiento «No estorbarás»».
Benavides manifestó que «yo veo esto como un intento de prolongar esta discusión, como una manifestación de estorbo, que no procede en un sistema democrático, de un país moderno, republicano como Costa Rica».
«Les pido entonces que no molestemos a la ciudadanía que quiere el matrimonio igualitario», advirtió el legislador.
«No le impidamos a tantas otras personas gozar de su amor, gozar de su propia familia y negarle la protección que el estado está en la obligación de darle a todas esas personas», concluyó.
