San José, 31 may (elmundo.cr) – El precandidato a diputado con el Partido Nueva Generación (PNG), Carlos Hidalgo Flores, señaló que el dinero y otros bienes decomisados (o sea que están en custodia del Estado pero aún no le pertenecen) al crimen organizado, en especial al narcotráfico, no serán parte del Estado ni podrá disponerse de ellos en su totalidad hasta que exista una sentencia condenatoria firme de un juez que así lo disponga, o sea, hasta el momento en que esos bienes estén en carácter de comiso (figura jurídica que permite que el Estado sea el dueño de los bienes después de la sentencia condenatoria firme), por lo que propone una reforma legal.
Hidalgo manifestó que “yo entiendo que como costarricenses somos muy garantistas, en este caso del derecho a la propiedad, de la presunción de inocencia y del debido proceso y que esto lleva a tener que esperar una sentencia firme para disponer de esos recursos, impidiendo, por ejemplo al Estado, disponer de ellos con inmediatez y máxime cuando hay necesidades urgentes de atender”.
“Por ejemplo, el caso reciente de una estructura dedicada al narcotráfico integrada por 60 sociedades, 80 bienes, 31 personas y con dinero de más de 1.500 millones de colones es una muestra de ello, donde si bien es cierto se pueden retener e inmovilizar los productos financieros así como anotar ante el Registro Nacional de manera preventiva las propiedades; eso no es suficiente pues todo ese patrimonio no puede ser utilizado ni dispuesto para atender temas país vinculados, por ejemplo, con la prevención y represión de las drogas, la prevención de la enfermedad, la educación, etc. Claro,esto es así pues hay leyes que así lo regulan en aras de resguardar los principios citados”, apuntó Hidalgo.
Hidalgo señaló que “sin embargo, estoy seguro de que artículos de esas normas vigentes como el Código Penal, la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y la misma Constitución Política deben ser reformados vía Ley de la República para que se establezca la posibilidad de que, en ciertos casos, los bienes adquieran carácter de bienes comisados y así sin sentencia condenatoria previa, sea siempre el juez la autoridad competente que disponga cuáles son los bienes que se han de incautar y pasarán directamente a manos del Estado”.
Para Hidalgo, la reforma legal que “debemos impulsar debe señalar concretamente los casos en que el juez pudiese emitir una resolución para comisar sin sentencia condenatoria y disponer de esos bienes con prontitud y será, eventualmente, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes”.
Por otro lado, indicó que es fundamental disponer con prontitud de esos bienes no solo para atender temas preventivos y represivos en materia de drogas; sino atender necesidades país y no funcionar como sucede en la actualidad: lentitud en su uso y devolución de los mismos en perfectas condiciones cuando el acusado gana el juicio.
Por ejemplo, el dinero decomisado pasa a una cuenta del Estado (del Instituto Costarricense Sobre Drogas: ICD) donde se maximiza a través de un banco el rendimiento y los intereses que produzca pueden invertirse en 60% para prevención de drogas, 30% represión y un 10% para darle mantenimiento a los bienes decomisados, o sea, los que aún no son del Estado. Por otro lado, los bienes muebles e inmuebles pueden ser prestados a instituciones del Estado o de bien social, con la obligación de que el Estado les dé mantenimiento y peor aún, si la sentencia favorece al narcotraficante, debe devolvérsele todo el dinero, los bienes muebles e inmuebles en perfectas condiciones.
“En la actualidad, solo con sentencia condenatoria firme donde se ordena el comiso a favor del ICD de los bienes muebles e inmuebles, así como de los valores, productos financieros o el dinero en efectivo, se podrá disponer de ellos al 100%, pudiendo utilizarlos, enajenarlos o destinarlos a los objetivos de la ley, así como también donarlos a entidades de interés público cuyo fin sea la prevención o represión de las drogas y cuando se trate de dinero en efectivo, productos financieros, valores o el producto de bienes vendidos, el ICD deberá destinarlo a los programas preventivos; represivos y al seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados”, agregó.
Finalizó diciendo que “el camino actual para que el Estado disponga de los bienes del crimen organizado es tortuoso pues debe esperarse años de años de juicios para obtener una sentencia condenatoria firme; por lo que urge una reforma integral como la acá planteada que garantice derechos fundamentales que están por encima de otros y que están relacionados con la seguridad nacional, el orden público, la vida y la salud”.
