San José, 14 ago (elmundo.cr) – La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), asegura que es el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, quien debe asumir la responsabilidad política ante una serie de incongruencias que existen tras los acuerdos que se firmaron entre la Caja Costarricense de Seguro Social y un grupo de sindicatos.
“La petición clara y contundente del sector privado es que se dé marcha atrás con el documento firmado, porque la ley en Costa Rica debe cumplirse”, sentenciaron.
Para Uccaep un ejemplo del mal acuerdo, es el tema del proceso de lesividad que se estará llevando a los tribunales, el cual mientras se resuelve tendrá costos abusivos en contra de los bolsillos de los costarricenses.
El presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado indicó que el conflicto entre los sindicatos y las autoridades de la CCSS, sobrepasó al jerarca de la institución, Román Macaya, quien se ha visto inmerso en líos desde febrero pasado, por lo que el presidente Alvarado debe evaluar su continuidad.
“Hay incongruencias en el gobierno, pues los ministros de Trabajo y Presidencia junto con el señor Macaya firmaron un convenio, involucrando al presidente Alvarado y la ministra de Hacienda, con respecto al compromiso subsidiario de pago, situación que hoy denunciamos y por lo cual pedimos explicaciones al mandatario Alvarado”, explicó Delgado.
Uccaep mencionó que conoce de la denuncia penal interpuesta por un trabajador del Hospital de Puntarenas a quien privaron de su libertad al negarse a participar de la huelga.
“Este tipo de actuaciones repudiables, deben ser analizadas de oficio por el Ministro de Trabajo al amparo del artículo 350 del Código de Trabajo, donde se establecen causales para la disolución de los sindicatos”, agregan.
Además, para los empresarios es claro que el verdadero peligro para el sistema de seguridad social son los propios sindicatos de salud, quienes están dispuestos a sacrificar a los afiliados con tal de conseguir privilegios fuera de la ley y esto no debe ser respaldado por el Poder Ejecutivo.
Delgado sostiene que el Gobierno es incongruente porque se le exigió sacrificio a los costarricenses y ahora se compensa a los sindicatos. Hace solo una semana, el presidente Alvarado le solicitó a Uccaep confianza, pero con este tipo de acuerdos no la genera, comprometiendo la reactivación económica.
“Al país como un todo y al sector productivo nos cuesta cada día no caer en el precipicio fiscal y evitar mayor desempleo e informalidad al pagar mayores cargas tributarias. Sin embargo, pareciera que la ley no se aplica para todos por igual”, añadió.
“Es urgente la aprobación del proyecto en el Congreso para regular las huelgas, las modificaciones a la ley de empleo público y el proyecto de contratación pública para mejorar la competitividad y bajar costos”, concluyó.