Alajuela, 23 dic (elmundo.cr) – José Miguel Villalobos Umaña, candidato a diputado por Alajuela del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video en redes sociales en el que expresa una postura frontal contra la influencia de la religión en la política, pese a su formación y a mensajes públicos previos con referencias religiosas.
En el video, Villalobos se define como un “enemigo acérrimo de la religión en la política”, a la que califica como “la peor mezcla que existe y la más peligrosa”. En sus declaraciones, relata que estudió con los escolapios, practicó el catolicismo durante varios años y que dejó de ser practicante hace más de una década, aunque asegura respetar las creencias de otras personas. El énfasis de su mensaje está en la necesidad de mantener separadas la fe y la acción política.
Estas afirmaciones contrastan con su mensaje navideño en medio de la campaña electoral en el que invoca a Jesucristo en contextos de carácter religioso, lo que ha generado críticas y señalamientos de aparente incoherencia en su discurso público.
El contexto político en el que surge la controversia añade presión al candidato. El PPSO es liderado por Laura Fernández y se identifica como cercano al oficialismo del presidente Rodrigo Chaves.
El partido ha estado envuelto en discusiones públicas por actividades de tinte religioso, como invitaciones a una misa privada en Cartago. Villalobos, quien además es abogado personal del mandatario, encabeza ahora la papeleta del PPSO por la provincia de Alajuela.
Sectores críticos señalan que la trayectoria de Villalobos —de una postura abiertamente crítica hacia la religión en la política a su rol actual como candidato a diputado — plantea dudas sobre si sus posiciones responden a convicciones ideológicas firmes o a conveniencias políticas del momento.
A esta polémica se suman otras revelaciones que han salido a la luz en plena recta final del proceso electoral. Villalobos enfrenta supuestas deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que superan los ¢312 millones, tanto en su condición de patrono como de trabajador independiente.
Además, registra al menos 21 procesos judiciales en curso relacionados con estas obligaciones, así como dificultades reportadas por las autoridades para localizarlo en algunos de esos trámites.
