San José, 12 oct (elmundo.cr) – Apelando a la seriedad, la responsabilidad y el patriotismo, el Canciller de la República, Manuel González defendió la declaratoria de secreto de Estado, de 12 informes enviados por el embajador de Costa Rica en Brasil, sobre la situación en ese país antes, durante y después del juicio político a la ahora expresidenta, Dilma Rousseff.
Dichos informes fueron solicitados por el diputado Rolando González Ulloa, luego de que el Canciller fuera interpelado por los legisladores, ante el Plenario del Congreso, luego de que la delegación de Costa Rica en la ONU, encabezada en ese momento por el mandatario Luis Guillermo Solís, se retirara a modo de protesta, cuando iba a empezar a hablar el Presidente de Brasil, Michel Temer.
Esos documentos fueron los insumos que Costa Rica usó para tomar la decisión de hacer el desplante al sustituto de Rousseff durante la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el pasado 20 de setiembre.
Mediante un audio que envió por WhatsApp desde Corea del Sur, Manuel González dijo que la rendición de cuentas y la transparencia han sido derroteros muy importantes en el ejercicio de la función pública en esta administración, y que en este caso no debe ser la excepción. “No tenemos voluntad de atender al libre acceso a la información”, dijo.
El jerarca agregó que tienen la obligación de “proteger adecuadamente cierta correspondencia, cuya divulgación podría tener consecuencias dañinas al Estado costarricense en materia de relaciones diplomáticas”.
Según González, existe un amplio ordenamiento jurídico que permite al Gobierno haber declarado secreto de Estado para esos documentos.
“El ordenamiento jurídico da un tratamiento jurídico especial. Va desde la Constitución Política, hasta la Ley General de la Administración Pública, tratados internacionales como la Convención de Viena, pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y de la Sala Constitucional, pero basados en el sentido común de proteger la información, que por su sensibilidad pueda tener consecuencias dañinas para el Estado costarricense y sus intereses”, manifestó.
Actualmente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estudia dos recursos de amparo interpuestos contra el Decreto Ejecutivo que declaró como “secreto de Estado”, los doce informes del embajador de Costa Rica en Brasil.
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