San José, 18 set (elmundo.cr) –Este viernes la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), comunicó su posición en relación con las medidas que incluirá el Gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aseguran que «existe una clara y evidente desproporción en la distribución de las cargas, principalmente, las impositivas contenidas en el plan».
Además, señalan que «Canatur tenía la expectativa de que, en los contenidos para la negociación no se contemplara el incremento de los impuestos actuales ni la creación de otro nuevos y, por el contrario, esperaba el anuncio de medidas inéditas y profundas de reforma al Estado».
«La Cámara percibe que el Gobierno está recargando su propuesta en el sector productivo y le faltó carácter en cuanto a las medidas de contención y reducción permanente del gasto público», agregan
Rubén Acón, presidente de Canatur, indicó que «nosotros no ignoramos que estamos en medio de una crisis económica, por lo que estamos entendidos en que, entre todos debemos aportar para afrontarla y no poner en mayor riesgo la estabilidad de la economía del país, no obstante, no vemos un sacrificio ni las decisiones contundentes para lograr las reformas profundas que se requieren del lado del Estado para resolver los problemas estructurales y no seguir en el mismo círculo de problemas».
«Nos parece insuficiente y queda debiendo en cuanto al cierre o la fusión de instituciones y la venta de activos del Estado, que son en buena parte el causante la insostenibilidad del aparato estatal», añadió.
Expresaron que otra de las preocupaciones que mantienen es «el impacto que pueda tener en la economía de las familias costarricenses, el impuesto a las transacciones financieras como parte de las medidas fiscales temporales, así como el incremento en el impuesto de renta a los salarios, ambas cargas limitarán de forma importante la capacidad de consumo y hasta la posibilidad de atender las necesidades básicas».
Concluyen que la preocupación que mantienen los empresarios turísticos es «el incremento al impuesto a la propiedad, en un momento en el que su actividad económica tiene seis meses de estar paralizada y sin asomo de una reactivación pronta y suficiente para soportar ese incremento».
