San José, 29 oct (elmundo.cr) – La Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS) expresó su preocupación por el proyecto de ley N.° 23.984, que busca regular y autorizar el uso de “tuk-tuks” para el transporte de personas.
La presidenta de CANATRANS, Silvia Bolaños, afirmó que la iniciativa representa “un grave retroceso en materia de seguridad vial, regulación técnica, sostenibilidad del sistema de transporte público y equidad competitiva entre operadores”.
Bolaños advirtió que el país enfrenta una crisis en el transporte público, con caída en la demanda, servicios informales y plataformas digitales no reguladas. En este contexto, CANATRANS considera preocupante promover proyectos que “profundicen la fragmentación del sistema y comprometan la seguridad de los usuarios”.
Según CANATRANS, los “tuk-tuks” no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, con estructuras y capacidad de protección inferiores a las de autobuses o taxis. Además, los seguros actuales no ofrecen coberturas adecuadas.
“El transporte público formal opera bajo un marco normativo estricto, con inversiones en unidades, mantenimiento, pólizas y cumplimiento de normativa laboral. Legalizar los tuk-tuks generaría una competencia desleal y profundizaría la desarticulación del sistema”, subrayó Bolaños.
CANATRANS señala que el proyecto incentiva micro servicios individuales de baja capacidad y alto impacto vial, contradiciendo la movilidad sostenible. La ausencia de límites de operación permitiría recorridos de hasta 30 kilómetros, incluso en rutas concesionadas. “Este tipo de vehículos deberían restringirse a zonas turísticas o recorridos cortos de última milla”, advirtió.
También se alertó sobre el impacto ambiental, ya que se incrementaría la congestión, el consumo energético y las emisiones. Bolaños recordó los riesgos de incorporar “tuk-tuks” sin regulación, citando problemas en países como India, Filipinas, Perú y Guatemala.
Finalmente, CANATRANS hizo un llamado a priorizar políticas de movilidad que fortalezcan el transporte público formal. “Costa Rica necesita una política de movilidad coherente, inclusiva y segura”, concluyó Bolaños, reiterando la disposición al diálogo para construir soluciones.
