De acuerdo con la Cámara, en dichas instituciones se aplican prácticas anticompetitivas en el mercado de las tecnologías digitales.
Según la denuncia, el Ministerio de Hacienda está abusando del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa y amparándose en esa norma procedió a firmar un contrato con la ESPH, para que desarrollara e implementara un sistema de factura electrónica, sin que mediara ningún proceso de concurso público.
Hacienda le adjudicó el contrato a la ESPH por $8,5 millones (¢4.733 millones), mientras que la otra empresa estatal que participó, RACSA, ofertó por $27 millones (¢15 mil millones) y fue descartada.
“La adjudicación no se produjo en el contexto de un concurso abierto, sino que sólo se giró invitación a ESPH y RACSA, es decir, que esa norma aplicada supuso una barrera de entrada a otras empresas y es evidente que hubo exclusión”, recalcó Luis Carlos Chaves, presidente de CAMTIC.
La denuncia fundamenta, además, el hecho de que las autoridades de Hacienda no valoraron si la ESPH contaba con la idoneidad técnica para poner en marcha la factura electrónica, y cuestionan si Hacienda entró a analizar la existencia de un precio razonable y ajustado a los criterios de competencia.
Además, se preguntan si la ESPH contaba con los medios para darle solución al proyecto, pues es evidente que tenía que subcontratar varios servicios.
“Al final, aunque sólo se invitó a participar a dos instituciones públicas, ninguna cumplía con los requerimientos ni la experiencia técnica, al punto que la adjudicada tuvo que contratar a una empresa privada para solventar el servicio. Aquí el problema no es que se adjudicara a una institución pública, lo cuestionable es el proceso y que el país termine pagando un proyecto que a todas luces debería costar mucho menos de lo establecido”, agregó Chaves.