San José, 20 ago (elmundo.cr) – La vicepresidenta Epsy Campbell declaró que las “causas en mi contra sobre nombramientos ilegales han sido investigadas exhaustivamente, desestimadas y archivadas en sede judicial”, en respuesta al informe legislativo presentado este jueves sobre nombramiento de funcionarios realizados durante su cargo como ministra de Relaciones Exteriores y Culto.
La jerarca aseguró que todos los casos sobre los que dictaminó la Comisión fueron conocidos por el Ministerio Público, instancia con la que colaboró en todo momento, aportando la información requerida para facilitar la investigación al tiempo que manifestó su disposición de rendir cuentas y explicaciones.
“Tras casi tres años de investigaciones el Poder Judicial, anclado en el principio de objetividad que rige su labor, desestimó la causa el 20 de junio de 2020 por atipicidad. Es decir, que no cometí ningún delito”, dijo la vicepresidenta Campbell Barr.
Recordó que, ante la duda, solicitó pro activamente un criterio vinculante a la Procuraduría General de la República, criterio que acogió de inmediato mientras estuvo al frente de la cartera.
En su informe presentado este jueves, los legisladores solicitaron al Ministerio Público que se investigue la posible comisión de delitos por incumplimiento de deberes, en perjuicio de la Hacienda Publica y de nombramientos ilegales.
El informe de los diputados, en el que pide al Ministerio Público investigar la posible comisión de delitos por nombramientos ilegales- se da pese a que el Ministerio Público solicitó el 20 de junio de 2020 la desestimación de la causa por atipicidad, y dividió la solicitud en 3 apartados, según consta en el expediente Nº18-000144-0033 PE:
Sobre nombramiento de Katherine Rivera Mckenly como asesora. Como parte de la fundamentación del Ministerio Público se indica que “el ente fiscal no ha encontrado ningún elemento que le permita atribuible a la denunciada Campbell Barr, una responsabilidad penal por nombrar a la señora Katherine Rivera Mckinley como consultor y Licenciado Experto dentro el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
Detalla que al ser un puesto de confianza la investigada Campbell Barr, en el ejercicio de su cargo como Ministra, contaba con todas las facultades concedidas en la legislación costarricense para nombrar de manera discrecional a la persona de su escogencia, nombramiento que fue avalado por Recursos Humanos.
“Pero, además, Katherine Rivera Mckinley, cumplió con la obligación establecida en el Reglamento de Puestos de Empleados de Confianza Subalternos del Sector Público…”. “Además, se resalta la preparación académica de Katherine, lo cual la hacía idónea para el nombramiento”, explicó el documento.
Sobre nombramiento de Fernando Vicente Lorca Castro, Sonia Marta Mora Escalante, Sergio Iván Alfaro Salas, Mauricio Herrera Ulloa, Emilio Joaquín Arias Rodríguez, Ana Elena Chacón Echeverría, Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, Rafael Ángel Ortiz Fábrega, Ronald Flores Vega, Nury Solís Mata y Monserrat Solano Carboni.
El Ministerio Público fundamentó la solicitud de desestimación en la atipicidad del hecho, en razón de la potestad que otorga la Constitución Política, para nombrar y remover a los Representantes Diplomáticos de la República.
Aunado a que el procedimiento en cada nombramiento estuvo ajustado a derecho, además de que todos los nombramientos fueron realizados por acuerdos del Consejo de Gobierno, así como que en este tipo de nombramientos la discrecionalidad es muy amplia.
Sobre el nombramiento de Adriana Murillo Ruin como Directora de Política Exterior y a Carolina Fernández, como Directora Alterna y Adriana Laclé Solano como Directora de Cooperación Internacional,el Poder Judicial solicitó la desestimación toda vez que ha sido una práctica de las diferentes administraciones (desde 1996) el considerar que los puestos de directores son de confianza.
“Ahora por ese expediente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal que debía juzgarme, ha dispuesto, a solicitud del Ministerio Público, la desestimación de los sumarios. El ente fiscal, tras casi tres años de pesquisas, concluyó, anclado en el principio de objetividad que rige su labor, que las conductas que se me atribuyeron eran atípicas. Es decir, que, como sabía, no cometí ningún delito”, expresó la vicepresidenta del República.
“En el caso de la Cancillería, la convicción del Ministerio Público fue que las decisiones tomadas se basaron en lo que hasta entonces había sido la práctica según los criterios legales de la institución”, dijo.
“Mi llamado es que en los últimos meses que restan de este cuatrienio, aprovechemos el tiempo y nos preocupemos de que lo importante sea lo urgente y lo urgente sea lo más importante, pensando siempre en nuestro país”, concluyó la vicepresidenta de la República.
