San José, 14 oct (elmundo.cr)- El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, manifestó estar preocupado por el supuesto cambio que realizó Hacienda para transferir los recursos del FEES en el proyecto de presupuesto nacional.
Según la UCR, ¢70 000 millones de colones fueron clasificados como “transferencia de capital”, lo que significa que estos recursos no se podrán utilizar en gastos corrientes, por ejemplo becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, sino solo en infraestructura y equipamiento.
“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública”, denunció el rector.
Jensen explicó que la clasificación de esta parte del FEES como “transferencia de capital” implica que no tendría a disposición la cantidad aproximada de ¢39 900 millones para realizar las funciones que le son encomendadas por la Constitución Política.
“Para entender la magnitud del problema, el programa de becas de la UCR comprende ¢29 000 millones y el presupuesto de todas las Sedes y Recintos es de ¢47 000 millones. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más”.
Los rectores, al firmar el convenio del FEES 2020, se comprometieron a realizar una inversión de capital por lo menos de ¢70 000 millones, lo cual se cumplió, pues se presupuestó un monto superior a los ¢90 000 millones para ese rubro, pero a partir de sus presupuestos totales, no únicamente de los recursos del FEES.
En el caso de la UCR el FEES cubre el 80% del presupuesto anual, “por lo que trasladar ¢39 900 millones del FEES a gastos de capital traería graves implicaciones en la operación”, agrega la casa de altos estudios.
Los presupuestos de las universidades estatales fueron aprobados por sus respectivos consejos universitarios o institucionales. En conjunto, contemplan una inversión de capital superior a ¢90 000 millones para el 2020, según datos del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El rector Jensen concluyó que “la decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, e hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional a defender la educación superior pública.