San José, 19 oct (elmundo.cr) – La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la decisión legislativa de desestimar, en segundo debate, el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414).
Para la organización, este desenlace representa el cierre de una oportunidad crucial para modernizar el modelo energético del país, tras años de análisis, diálogo técnico y construcción de acuerdos entre diversos sectores.
Sergio Capón, presidente de la CICR, calificó como “inconcebible” que, tras un extenso proceso de discusión, no se lograra avanzar en una reforma que, a juicio de los industriales, es vital para el desarrollo productivo.
“No estamos hablando únicamente de las necesidades de la industria. Está en juego nuestra capacidad de avanzar hacia la descarbonización, electrificar la economía, atraer nuevas inversiones y generar empleos de calidad, con beneficios para hogares, pymes, comercios y empresas de todo el país”, enfatizó Capón.
El sector industrial ha sostenido que Costa Rica requiere urgentemente diversificar sus fuentes de energía para reducir la dependencia de las condiciones hidrológicas, así como establecer reglas claras que permitan la inversión pública y privada, fomenten la competencia regulada y garanticen precios más competitivos.
“Costa Rica no puede darse el lujo de seguir postergando decisiones estructurales que determinarán su competitividad en las próximas décadas”, agregó el presidente de la Cámara.
El proyecto 23.414, que había sido objeto de intensos debates y controversias en los últimos meses —con sectores sindicales y académicos alertando sobre posibles riesgos de privatización y debilitamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)—, buscaba, según sus proponentes, una actualización del marco normativo para enfrentar la creciente demanda energética, impulsada por tecnologías como la inteligencia artificial y la electrificación del transporte.
Con este rechazo, el sector empresarial advierte sobre la incertidumbre que se cierne sobre el futuro energético nacional, en un contexto donde la seguridad y el costo de la electricidad son factores determinantes para la inversión extranjera y el crecimiento económico del país.
