San José, 18 set (elmundo.cr) – La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) señaló su oposición a las propuestas del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La CICR indicó que «la propuesta del gobierno está sesgada hacia los impuestos que afectarán al sector productivo y con ello la reactivación y el crecimiento económico y la generación de empleo».
«La Cámara de Industrias de Costa Rica ha sido firme en no a más impuestos a la producción», agregan.
Además, manifiestan que «del lado del gasto hay poco nuevo y lo que tiene mayor impacto es lo que ya de todas formas se tiene que aplicar de forma estricta el contenido de la Regla Fiscal y medidas complementarias contenidas en el Título IV de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas».
Agregan que «la Ley Marco de Empleo Público estaba planteada como una medida que incluso ya debería estar aprobada según el compromiso que el gobierno había adquirido en el proceso de negociación de la Ley 9635; además, los ahorros serán a mediano y largo plazo. Es decir, este nuevo ajuste fiscal, justificado por los efectos de la pandemia del COVID 19 se fundamenta principalmente en aumento y nuevos impuestos».
Asimismo, explican que los «aumentos y nuevos impuestos, aunque sean temporales, son contrarios al objetivo de reactivar la economía, pero también impactaran a futuro el crecimiento económico al impactar negativamente los niveles de inversión».
CICR enfatiza que «la tasa de impuesto sobre la renta de empresas del 36%, aunque sean temporales, afectan la competitividad del país en relación, por ejemplo, con otros países de la región centroamericana que tiene incluso tasas del impuesto sobre la renta de empresas menores al 30% (en Guatemala por ejemplo el impuesto sobre la renta es de 25% y el de dividendos de 5%). Imponer un nuevo impuesto a la propiedad de bienes inmuebles también aumentará, para las empresas, la Tasa Impositiva Total de una empresa nacional tipo que es del 58,3%, una de las más altas a nivel internacional, según los últimos cálculos del Doing Business, del Banco Mundial».
Reiteran que «gravar los salarios aún más también tendrá un efecto de contracción del consumo y por tanto profundizará los efectos recesivos sobre la economía».
Igualmente exteriorizan que «las propuestas reducir el tamaño del Estado, fusionando o cerrando instituciones, están prácticamente ausentes».
CICR asegura que «no vemos realmente medidas estructurales de reforma del estado, en la dirección, por ejemplo, del proyecto de Ley CERRAR presentado hace algunos años por el entonces diputado Ottón Solís».
También, reiteran que «es hora de plantearse en serio la venta de ciertas instituciones y empresas públicas, más allá de Bicsa y Fanal, cuya venta además no tendrían un impacto significativo sobre el nivel de la deuda».
En relación con el impuesto a las transacciones monetarias que se plantea explican que «en el caso de una empresa exportadora, a la hora de recibir el pago recibirá 0.3% menos, y a la hora de pagar por materias primas deberá pagar un 100.3%; por lo que el golpe es peor. Igual los trabajadores a los que por lo general se les deposita el salario recibirán menos dinero, por lo que nuevamente se le quita dinero a todos los costarricenses».
Finalmente exponen que «la reducción temporal de las cargas sociales y la reducción del impuesto al GLP va en la dirección correcta de medidas de reactivación, sin embargo la propuesta de reducir las tarifas de electricidad sigue siendo una promesa no cumplida, que ya no puede esperar más y ahora debemos conocer la hoja de ruta para saber cuándo finalmente se cumplirá».
