San José, 09 nov (elmundo.cr) – La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) alertó sobre el crecimiento del comercio ilícito de bebidas alcohólicas, cuya participación en el consumo de los hogares pasó del 15,3% en 2016 al 37,2% en 2022.
La comparación entre las dos estimaciones del Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) muestra un aumento de 21,9 puntos porcentuales: la proporción se multiplicó por más de dos.
Según la Segunda Estimación del Comercio Ilícito en Costa Rica, presentada en 2026 con datos de referencia de 2022, bebidas alcohólicas, destilados y vinos registra la segunda incidencia más alta entre las categorías analizadas, después de cigarrillos. El valor estimado del mercado ilícito de bebidas alcohólicas asciende a ₡75.914 millones.
Riesgo para el consumidor
La falsificación y la adulteración de bebidas pueden exponer a los consumidores a productos elaborados sin controles sanitarios.
El contrabando y la adulteración son modalidades distintas, aunque pueden coincidir. En los últimos años, el Ministerio de Salud ha emitido alertas y advertencias sanitarias por el consumo de guaros y aguardientes adulterados con metanol, una sustancia tóxica que puede causar ceguera, daño en los riñones e incluso la muerte.
Seguridad y comercio formal
La Segunda Estimación del Comercio Ilícito identifica la zona sur como el principal punto de ingreso de licor de contrabando y describe una evolución del transporte de carga, el cual pasó del comercio «hormiga» al uso de vehículos de doble tracción y camiones pequeños, algunos modificados para soportar más carga, que utilizan rutas cada vez más sinuosas para evadir retenes y puntos de control.
La mayor parte del licor ilícito no pasa por la aduana: es contrabando abierto que evade por completo los controles fronterizos.
La comercialización se extiende a las redes sociales y las casas particulares, con pedidos por mensajería, entregas a domicilio y pagos mediante SINPE Móvil, según la información recopilada por el OBCI.
Entre 2021 y 2025, la Policía de Control Fiscal decomisó más de 5,6 millones de unidades de licor. Estas cifras reflejan la actividad de control y complementan el análisis del estudio; no equivalen a una medición del tamaño total del mercado ilegal.
Los comercios que cumplen con sus obligaciones deben competir con productos que evaden impuestos y controles, mientras el Estado deja de percibir recursos. Estas prácticas contribuyen al financiamiento de organizaciones delictivas que también cometen otros delitos que afectan la seguridad y el bienestar de la población.
Carga tributaria e incentivos al contrabando
Para la Cámara, la alta carga tributaria impuesta sobre los licores constituye un incentivo central para su comercialización ilegal, pues amplía la diferencia de precio entre los productos que pagan los impuestos correspondientes y aquellos que ingresan al país evadiendo estas obligaciones.
Esta brecha permite al mercado ilícito ofrecer precios más bajos y, aun así, obtener importantes ganancias.
Propuesta y llamado a la acción
«Desde la Cámara consideramos que debemos atacar la raíz del problema y quitarle este negocio al crimen organizado. Por eso planteamos revisar y simplificar la carga tributaria sobre los licores, para reducir los incentivos al contrabando y fortalecer el comercio formal», señaló Ricardo Carvajal, director ejecutivo del OBCI.
La CCCR propone acompañar esta revisión con una fiscalización más efectiva, mayor capacidad de investigación, coordinación entre las autoridades y el sector empresarial y mayor tecnología en aduanas. El estudio incluye entre sus recomendaciones el análisis de los regímenes fiscales de los productos sensibles al comercio ilícito.
La Cámara reitera el llamado a las personas adultas que decidan adquirir bebidas alcohólicas a hacerlo en establecimientos formales, verificar su procedencia y evitar productos de origen desconocido que puedan poner en riesgo su salud.
Asimismo, insiste en la necesidad de abordar los incentivos económicos que favorecen el mercado ilícito, complementando estas medidas con el fortalecimiento de los controles y la fiscalización.
Finalmente, reconoce y agradece la labor de las autoridades competentes y las insta a continuar implementando acciones firmes y coordinadas para combatir el comercio ilegal y proteger a los consumidores.
