San José, 17 dic (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria y de Bebidas (CACIA) rechaza la solicitud de ajuste tarifario que estudia la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) para aumentar el precio del gas licuado en un 72% en los primeros meses del 2016.
José Manuel Hernando, Presidente de CACIA, comentó que la solicitud la planteó la Intendencia de Energía el pasado mes de noviembre y que, de aprobarse, supondría un duro golpe para el presupuesto de las familias costarricenses que se abastecen directamente de este combustible.
“Rechazamos este aumento por tres causas fundamentales: a. Su exagerada desproporción; al día de hoy, sin el incremento propuesto, el Gas GLP de Costa Rica es un 42% más caro que el precio promedio de Centroamérica y Panamá; b. Por las gravísimas implicaciones que eso tiene sobre los presupuestos de las familias que se abastecen con gas licuado para cocinar” y c. Por el fuerte incremento de gran cantidad de operaciones productivas y comerciales”, agregó Hernando.
CENTROAMERICA: Comparativo de precios del GLP al consumo final,
para la presentación de 25 libras al 5 de diciembre de 2015
| Cilindro 25 lbs al consumidor final | C.R | GUA | HON | ES | NIC | PAN |
| Costo $US | $US11.96 | $US11.82 | $US9.29 | $US8.63 | $US7.93 | $4.37 |
| Promedio | $US11.96 | $US8.4 | ||||
Fuente: Elaborado con datos del Comité de cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCCHAC)
De aprobarse el incremento de un 72% que propone ARESEP, las diferencias ya graves con los precios que obtienen nuestros competidores internacionales, simplemente dejará fuera de mercado la producción nacional con las graves consecuencias que ello tiene sobre el empleo y obligará a la industria nacional a realizar transformaciones energéticas hacia esquemas ya superados por muchas de las industrias.
Según Hernando, “son muchas las empresas de la industria alimentaria que utilizan gas como su principal combustible para producir sus productos, por lo cual, tenemos dos caminos: incrementar los precios de los alimentos y cargar aún más el presupuesto de las familias, ya de por sí golpeado por el uso de su gas para cocinar, o despedir gente para evitar pérdidas”.
Para la empresaria Natalie Vargas, de la industria de alimentos Fan-tasty Foods, “nos preocupa demasiado todos los efectos directos que la medida generará, no solamente está en juego el costo de producción de nuestra empresa sino el de nuestros clientes, como por ejemplo las sodas y restaurantes que también consumen GLP y quienes al incrementarse su costo van a consumir menos de nuestro producto terminado. Igualmente se debe considerar que los hogares también consumen gas y la gran mayoría son hogares de recursos limitados, motivo
Por el cual, debido a que tendrán que pagar más por su factura energética, comprarán menos de los productos que se verán afectados por este incremento y por tanto, tendremos contracción de demanda por cualquier lado que se quiera analizar. Al final, vemos completamente nublado la capacidad de crecer en el 2016 y crear nuevos puestos de trabajo” acotó.
Por su parte, el empresario Federico Alvarado, de una pequeña industria alimentaria, indicó la enorme contradicción que esta medida significa en materia de política ambiental.
“Durante los últimos años muchas Pymes nacionales hemos venido desarrollando proyectos empresariales y cambios tecnológicos para estar alineados con la estrategia de país verde. La inversión que hemos hecho con gran esfuerzo se ha basado en la utilización del GLP, como fuente energética menos contaminante que otras, como por ejemplo el bunker, en cierto tipo de operaciones industriales. Con este incremento, además de que los productos finales quedan fuera del mercado por costos de producción, todas las inversiones tecnológicas que llevan un componente ambiental quedan totalmente obsoletas y desfasadas, lo cual me parece totalmente contradictorio, en un momento en que Costa Rica lidera a muchos países en la ejecución de programas para la reducción de la huella de carbono y el cambio climático”, mencionó Alvarado.
José Manuel Hernando, presidente de CACIA, añadió que “solamente una empresa nacional de alto consumo de gas, nos ha reportado que el impacto es de tal magnitud que, para poder compensar el impacto y evitar el cierre de las operaciones en el país, tendrá que evaluar si mantiene 225 puestos de trabajo. Ahora imaginemos una realidad país donde tenemos más de 1.500 empresas formalmente inscritas y produciendo.”
La audiencia pública está programada para el próximo 14 de enero y, de aprobarse, entraría a regir una vez publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en los primeros meses del 2016.
Debido a esta carencia de sensatez por parte de quienes proponen semejante daño a la producción nacional, CACIA estará analizando todas las vías institucionales que se disponga para evitar que esta propuesta entre en vigencia.
