Cacia califica como correcta la medida de Salud de quitar etiquetado de advertencia nutricional

San José, 2 ago (elmundo.cr) – Como correcto, oportuno y diligente, así calificó la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) el proceso de verificación de mercado y cumplimiento de la normativa que realizó el Ministerio de Salud.

En el cual le recordó a quienes importan alimentos, la obligación de cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General de Alimentos Preenvasados, puesto que, la utilización de señales gráficas como los sellos negros de advertencia responden a marcos normativos que no son congruentes con los vigentes en el país.

Según Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de Cacia, lo señalado por el Ministerio de Salud es congruente con el debido cumplimiento de la legislación vigente que deben cumplir todos los administrados.

“Esta comunicación no es nueva ni extraña, puesto que todos los días, el Ministerio de Salud realiza prevenciones a quienes comercializan alimentos, sobre elementos presentes en las etiquetas, que incumplen las reglas o que inducen a error, engaño o confusión al consumidor, y este caso no es la excepción. Las reglas vigentes son para cumplirse y no para que cada uno le ponga a la etiqueta del producto lo que crea más conveniente”, acotó Montero.

Para los empresarios de Cacia, la industria nacional es un sector que observa con enorme responsabilidad la importancia de un consumidor informado sobre las características de los productos que consume, por lo cual, promueve el debido cumplimiento de legislaciones como la de etiquetado nutricional, así como el apego irrestricto a la institucionalidad, la legalidad y la certeza jurídica mediante la cual se crea, siendo esta la integración regional centroamericana.

Los empresarios llaman la atención sobre la existencia de jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional, la cual ha dado certeza jurídica sobre el papel que tienen los reglamentos técnicos centroamericanos en el entorno nacional, siendo que, al derivarse de acuerdos internacionales, poseen un rango superior a cualquier normativa nacional. Por tal motivo, aclaran que toda revisión de este tipo de referencias normativas, debe darse dentro del marco de la integración regional centroamericana.

Para Montero, cuando el estado es omiso en la exigencia del debido cumplimiento de la normativa vigente, como lo sería, no hacer la corrección realizada, actuaría de manera contraria a mandatos establecidos en la Ley General de Salud y en la ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en lo relativo a velar por la seguridad de los productos de consumo humano, de tal forma que se evite la presencia de etiquetados que puedan inducir a error o engaño a los consumidores.

Los sellos negros de advertencia existentes en otros países son un mecanismo impulsado por estos, orientados a provocar una reacción de animadversión hacia la pertinencia nutricional del alimento y sus nutrientes, lo cual ha sido señalado por Cacia como inadecuado, puesto que el etiquetado nutricional debe ser una herramienta que genere información valiosa para la construcción de dietas balanceadas, lo cual es un objetivo compartido por todos y que se puede obtener mediante medidas mucho más eficaces.

En un contexto de apertura comercial, donde transitan productos de muchos países en nuestro comercio, empezamos a ver múltiples sistemas de advertencia en el frente del envase, elaborados con sus propios parámetros nutricionales y referenciados a la autoridad de salud del respectivo país, siendo todos totalmente inconsistentes con la regulación vigente en el país, lo cual puede llevar a los consumidores a conclusiones imprecisas, especialmente si los esquemas tienen información contradictoria que, dependiendo del país de procedencia, pueden interpretarse de manera distinta.

Según Montero, estos son elementos que han sido ampliamente evaluados desde administraciones pasadas en los Ministerios de Economía Industria y Comercio, de Comercio Exterior, de Salud y en la propia Asamblea Legislativa, desde donde se ha desprendido la incongruencia de esos modelos normativos con la normativa regional vigente en el país.

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