Por ello, en la zona no existían propiedades en manos de particulares y por el contrario, era protegido al 100% por el Estado para garantizar que el agua fuera potable para la población.
A pesar de ello, en el sitio actualmente hay fincas agrícolas y ganaderas, proyectos habitacionales en desarrollo e incluso una escuela, que estarían poniendo en peligro la protección de los mantos acuíferos y por ende, el agua potable de los ciudadanos.
Ante la problemática, el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), William Alvarado presentó un proyecto de ley a fin de modificar la Ley 65 con la intención de recuperar todos los terrenos que están en manos de particulares.
La iniciativa establece que el Estado debe ejercer su potestad para expropiar dichas tierras a los habitantes que logren demostrar su titularidad y derechos de posesión decenal previos al decreto de dicha Ley, es decir, antes de 1888.
“Yo visité el lugar junto con la gente del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) es una zona inalienable ocupada por particulares y lo que se plantea es dar un plazo prudencial de dos años para que la gente que esté ahí haga valer su derecho si la propiedad realmente es de ellos, desde el punto de vista legal. Quien no lo haga y permanezca ahí, que el Estado tome posesión y desaloje esos lugares”, detalló Alvarado.
El diputado socialcristiano agregó que también se busca establecer un canon ambiental a todos los operadores de servicios que capten aguas de estos mantos, para que con ese dinero el Estado pague las expropiaciones.
Sin embargo, de acuerdo con Alvarado, ya hay quienes se oponen a la iniciativa, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y asegura que es por una interpretación errónea del mismo.
“Me parece a mi que las personas que supone este proyecto atentan contra la urgencia de proteger legalmente estas zonas de recarga y en el caso de la ESPH me parece que ha interpretado mal el proyecto como tal y no son de recibo para este proyecto de ley que pretende única y exclusivamente toda la zona inalienable que fue decretada en 1888 para que se proteja en forma absoluta y permita abastecer de agua potable toda el Área Metropolitana como lo ha hecho hasta ahora”, añadió.
El proyecto se encuentra actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa .