San José, 9 nov (elmundo.cr) – En audiencia con los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, el gerente general del Banco de Costa Rica, Douglas Soto, expresó esta tarde, que el expediente 23.331 “Ley de Venta del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica”, presenta una serie de falencias técnicas en el campo financiero y omisiones sobre lo que sucederá con los empleados.
El gerente general destacó que el BCR es un conglomerado financiero para facilitar la vida de los ciudadanos. “Tiene el 20% de los activos financieros del sistema, 1.4 millones de clientes, 4.500 colaboradores con cierre al mes de septiembre, 2.1 billones de colones como cartera de crédito en la cual el 75% de la cartera se maneja en colones, a diferencia de los bancos privados. El 37% del crédito va dirigido a vivienda. Un banco dedicado a desarrollar la industria del país”.
El gerente detalló que 103 mil millones de colones se aportan en impuestos y 20 mil millones son las prestaciones que debería cubrir el banco al día de hoy. “Desarrollaron el expediente electrónico en las 163 oficinas. La agilidad del ciudadano por trámite judicial se hace muy efectivo muy rápido por la experiencia. Los servicios como conectividades con municipalidades, pagos de matrículas de universidades y servicios al IMAS”.
“El BCR está enfocado en financiar viviendas, ahorros, ubicado a lo largo y ancho del país. más de 40 puntos tucanes que son servicios bancarios que ayuda a ciudadanos y pequeños productores. Desde 2018 se adquirió el Bancrédito, con la pandemia se ayudó con un año de gracia, así como servicios y a los clientes. Más de un billón de arreglos de créditos se hicieron durante la pandemia. El Fideicomiso de más de 46 mil millones ha construido el edificio de la Asamblea Legislativa y de las nuevas instalaciones de la UCR”, agregó Soto.
Manfred Sáenz, Asesor Jurídico del Banco dijo que la exposición de motivos es omisa. “Se pretende excluirlo de contratación pública, la Contraloría no entra a revisar la asignación. No dice qué pasará con la Convención Colectiva ni la Solidarista. No dice qué se hará con el recurso humano. No se sabe qué se hará con los empleados. El mecanismo de venta según criterio del Consejo de Gobierno”.
“El precio de venta debe definirlo la Asamblea. Un conglomerado que es desmembrado se va a tener que atender todos los gastos. Crea una S.A. y no dice nada sobre el tema de propiedades. No dice qué pasa si no se vende. Quién asume el costo, nada dice el proyecto sobre régimen competencias, ni las superintendencias, concentración de mercado de un tercero no dice nada. No está clara la gestión financiera. Millones de dólares cuesta ese tipo de asesoría”, puntualizó Sáenz.
El funcionario manifestó que, sobre todo, que definir el precio del BCR no es lo más correcto y hay temas importantes a tomar en cuenta. “La garantía del Estado no está considerada. El tema de seguros se pasa al otro banco gratis”.
En respuesta al diputado del Partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, el gerente dijo que la venta de un banco se hace en privado porque afecta la noticia al hacerse púbico. “Hay un interés de saber cuándo se hará la venta porque por el tamaño es un riesgo. El BCR está gestionado en colones. No es buen momento para vender el banco por la contracción de la economía mundial, las tasas de interés están altas”.
Por su parte, el asesor comentó que según los negocios en paquete de acciones los pecios a lo que se aspira son más bajos de la primera compra. “Debe garantizarse la probidad en esta venta y no puede pasarse por alto a las instituciones de control”.
La diputada del Partido Liberación Nacional, Kattia Rivera, se preguntó si era un buen negocio vender el BCR. El gerente respondió que “el BCR está en banca universal y en el gobierno digital, brinda 11 servicios y maneja los fideicomisos de obra pública. El país perdería una herramienta de desarrollo, razón por lo cual está en contra. El proyecta muestra muchas falencias y omisiones”.
La también legisladora del PLN, Dinorah Barquero, resaltó que se estaría violentando los derechos laborales a los funcionarios del Banco de Costa Rica, ya que al vender el BCR la primera violación que se hará es al Código de Trabajo.
En respuesta a la diputada de Nueva República, Olga Morera, el gerente respondió que no es fácil transformar las plataformas como las que tiene el banco con el Poder Judicial. “Se afectará el mercado de acciones, las 166 oficinas, muchas no son rentables, tienen funciones de desarrollo social, se han ido diversificando y muchas deberían ser cerradas. En el caso de los 14 fideicomisos que no son fáciles de acoger por un nuevo competidor”.
