San José, 18 mayo (elmundo.cr)- Un basurero situado en Finca de Las Ánimas Banavico, conocida como “Finca La Caja” al costado sur del Relleno Sanitario EBI, en la Carpio La Uruca funciona ilegalmente desde hace 17 años a pesar de las innumerables demandas presentadas ante las distintas autoridades competentes.
Vecinos, líderes comunales y empresas cercanas han hecho lo imposible para solucionar el problema de basura tanto en la calle pública, como en el resto del tajo de dicha propiedad provoca malos olores y enfermedades como dengue, chikungunya y zika y otras afectaciones que pueden ser transmitidas por roedores que habitan en el botadero.
“Este basurero clandestino tiene muchos años de operar a cielo abierto, recibiendo todo tipo de desechos no tratados. Nosotros como Organización Comunal de la Carpio (ASOCODECA) hemos hecho las denuncias. Hay fotos y videos de camiones irresponsables que arrojan cualquier cosa a este sitio. Aunque las demandas llegan al propio ministro de Salud Fernando Llorca Castro, dicha institución no se ha pronunciado”, afirma la Presidenta de ASODECA, Northellen Jiménez.
Las constantes denuncias han pasado por cuatro administraciones y se han agudizado en los últimos cinco años sin respuesta efectiva. Los documentos oficiales verificados por El MUNDO colocan al Alcalde Municipal de San José Johnny Araya, al Área del Ministerio de Salud, el Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Ambiental, como principales receptores de las quejas.
El Ministerio de Salud actuó en dos ocasiones y clausuró dicho tajo para que no siguieran con sus labores, pero los propietarios no acataron las órdenes de las autoridades y continuó el flujo de camiones y vehículos particulares en el vertedero a luz y paciencia de los lugareños.
“Hace un mes nos reunimos CNFL, ICE, la empresa EBI y la Municipalidad de San José con líderes de comunales del lugar para ver posibles soluciones, pero a la fecha nada de acciones. Mientras tanto en la Carpio tenemos niños y adultos mayores enfermos por tanta contaminación”, asegura Jiménez.
Una de las denuncias más preocupantes es la de Juan Vicente Durán, entonces gerente general de Empresas Berthier Ebi de Costa Rica SA y de otros dos testigos. En septiembre del 2012, alegaron que la ubicación del botadero no está respetando el margen del río Torres.
Lo anterior genera un potencial riesgo si no se actúa a tiempo, ya que más de 1,5 millones de personas del Gran Área Metropolitana (GAM) se abastecen del manto acuífero Colima Superior. Dicha reserva potable se encuentra a escasos 20 metros de la superficie terrestre, lo cual provocaría contaminación en el subsuelo y emisión de gases como metano, CO2 y líquidos lixiviados.
Lo expuesto anteriormente irrespetaría el artículo 50 de la Constitución Política que establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente bien equilibrado y está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho.
Colaboró con este reportaje Karla Pérez González.
