Cartago, 24 oct (elmundo.cr) – El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) realizó pagos irregulares por más de ¢471 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para el proyecto habitacional Caña Real, ubicado en Juan Viñas, Cartago, según una auditoría interna. Los fondos, equivalentes a unas 253 casas de bienestar social, fueron destinados a la Asociación Solidarista de Empleados de Hacienda Juan Viñas (ASEHJUVI).
Los recursos fueron avalados por la Junta Directiva del BANHVI en 2017, incluyendo la Gerencia y los fiscales de inversión del banco. Uno de los giros, de casi ¢100 millones, se justificó como “cesión onerosa”, una figura utilizada cuando una parte no puede continuar con un proyecto debido a impedimentos normativos. Esta cesión fue aprobada por la junta directiva y el departamento legal del BANHVI, con el dinero transferido a ASEHJUVI.
Sin embargo, la Auditoría Interna no encontró evidencia que respalde los trabajos realizados con esos fondos, ni existen pruebas en los avalúos de fiscalización. Tampoco se encontraron bitácoras, permisos municipales o comprobantes de los casi 2.000 fletes supuestamente realizados durante los movimientos de tierra, lo que genera dudas sobre el destino de los fondos públicos.
Un informe técnico interno (DF-DT-IN-0291-2024) reveló que el banco no advirtió a la empresa constructora sobre problemas en los suelos, lo que generó obras adicionales por más de ¢102 millones, cubiertas con dinero privado de proveedores y profesionales a cargo del proyecto.
A pesar de que la Junta Directiva del BANHVI analizó el caso desde julio de 2024, no se han anunciado acciones contra los fiscales de inversión involucrados ni se ha pagado a los afectados, según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), que también investiga el caso. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también está investigando las supuestas anomalías.
La Partida de Utilidad, por más de ¢235 millones, fue retenida por ASEHJUVI, provocando perjuicios al Estado y a quienes trabajaron en la obra. El directivo Guillermo Alvarado Herrera, el único miembro restante de la junta directiva que aprobó los pagos, confirmó la existencia de un reclamo formal de las partes afectadas desde hace varios años.
La ministra de Vivienda, Grettel Vega Arce, por indicaciones del presidente Rodrigo Chaves Robles, ya está investigando la situación.
