Cartago, 26 ago (elmundo.cr) – Un monto de ₡93.701.929 proveniente de fondos públicos del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) mantiene en entredicho la gestión de esa institución y la transparencia del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
El dinero se giró en el marco del proyecto habitacional de bien social Caña Real, ubicado en Juan Viñas de Jiménez, provincia de Cartago, y la ejecución estuvo a cargo de Grupo Mutual, como entidad autorizada.
El giro de los más de 93 millones de colones se justificó bajo la figura de “cesión onerosa”, establecida por el departamento legal del BANHVI, mediante el oficio AL-OF-0102-2016, mediante la cual se ordenó el giro a la Asociación Solidarista (ASEHJUVI), cuyos miembros fueron los beneficiarios del proyecto. El dinero se transfirió bajo la justificación de “obras previas y gastos incurridos”, entre ellos: corte y traslado de material, limpieza del terreno, estudio de suelos, planos y permisos.
Sin embargo, la Auditoría Interna del BANHVI no encontró evidencia plena que confirme que esas tareas se hicieran ni que los recursos girados hubiesen sido debidamente fiscalizados.
Un informe que levanta sospechas
El tema salió a la luz en el Oficio CL-AIB-CR-01-2025 remitido a la auditoría interna y Junta Directiva Banhvi, tras el informe DF-DT-IN-0291-2024, emitido por su Departamento Técnico, en el que se menciona una serie de irregularidades en suelos no advertidos a la empresa que asumió el desarrollo del proyecto y lo que generó obras adicionales que no estaban contempladas en un inicio.
El mismo Departamento de Auditoría Interna del Banhvi, mediante informe interno reveló inconsistencias en los procesos internos del BANHVI, señalando deficiencias en la validación de presupuestos y en la verificación de estudios técnicos; responsabilidades que recaen, tanto en la Gerencia General, como en la Junta Directiva de la institución.
En palabras del informe, hubo “omisiones en la revisión y validación del soporte documental, lo cual compromete la razonabilidad del gasto”. Dicho de otro modo: el BANHVI pagó los más de 93 millones sin tener evidencia idónea sobre la ejecución real de las obras.
Una Junta Directiva bajo la lupa
Las actas de sesiones confirman que la Junta Directiva conoció el caso en julio de 2024 y pidió explicaciones a la gerencia general. Sin embargo, a más de un año de haberse ordenado la auditoría y con el informe presentado en marzo de 2025, no se han anunciado sanciones, recuperaciones de fondos ni acciones legales a los fiscalizadores de ese proyecto.
Organismos internos del BANHVI alertaron que la falta de decisión podría abrir la puerta a un precedente peligroso: recursos públicos del bono de vivienda —destinados a familias vulnerables— manejados con vacíos de control, sin trazabilidad y sin consecuencias claras para los supuestos responsables.
Un proyecto social con una sombra millonaria
Caña Real fue inaugurado con bombos y platillos como una solución habitacional para 148 familias. Pero hoy, ese logro se ve empañado por dudas que golpean los mecanismos de control y fiscalización que utiliza el BANHVI y la confianza en el sistema de vivienda social.
