San José, 23 ene (elmundo.cr) – Tan solo pocas horas después de que asegurara, bajo juramento, que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no tendría que pagar ni un solo colón por resolver el contrato con la empresa Hidrotárcoles, el Banco Nacional de Costa Rica salió a desmentir las afirmaciones del presidente del ICE, Carlos Obregón.
En un comunicado de prensa, la entidad bancaria señaló tajantemente que el Banco “hará valer la cláusula contractual que obliga al ICE a hondar el 100% de la deuda del Banco Nacional”.
“No comprendemos que un proyecto que fue declarado de interés público, vital para el ICE, que incluso formó parte del Plan de Expansión de Generación Eléctrica del país, haya pasado por interpretaciones y contradicciones que lo llevaron al litigio actual que tiene el ICE con la empresa constructora”, criticó el Banco.
El Nacional giró $117,5 millones para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Capulín-San Pablo, a cargo de la empresa Hidrotárcoles.
El ICE se comprometió a comprar 50 Megawatts de energía a la empresa durante 20 años, para que posterior a ese plazo la hidroeléctrica pasara a manos de la estatal.
El contrato fue firmado el 24 de abril de 2012 con Hidrotárcoles y la orden de inicio oficial de las obras se dio el 1 de agosto de 2012, por lo que según el ICE las obras debían estar concluidas el 1 de agosto del 2015.
Sin embargo, documentos en poder de EL MUNDO muestran que el ICE aceptó una prórroga al plazo de entrada de operación de la planta hidroeléctrica, cambiando la fecha al 1 de julio del 2017.
Uno de esos oficios lo suscribe el administrador del contrato por parte del ICE, Eduardo Bermúdez, quien dio por “cierto y actualizado” el cronograma de trabajo planteado por Hidrotárcoles, que incluía la nueva fecha de entrada en operación.
El diputado socialcristiano, Rafael Ortiz, afirmó durante el interrogatorio que el ICE había dado señales de que quería continuar con el proyecto, pues antes de decidir resolver el contrato suscribió un convenio para ayudar a Hidrotárcoles con las expropiaciones de fincas aledañas al proyecto.
Lo anterior fue ratificado por Julieta Bejarano, directora jurídica del ICE, quien dijo que en efecto tal convenio fue firmado por la institución.
El caso se está dirimiendo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y este martes iniciaron las investigaciones del caso en la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios en la Asamblea Legislativa.
Los representantes del Banco Nacional comparecerán ante los diputados este miércoles.
