Redacción, 8 may (elmundo.cr) – La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) pretendió recibir autorización para pagar una consultoría de ¢1500 millones de colones.
La denuncia se hizo este lunes por la mañana mediante un comunicado de prensa, donde el sindicato argumenta que el Central quiso contratar de manera directa los servicios de la empresa estadounidense McKinsey & Company, para que ejecutara un “proceso de modernización” de la estructura organizacional del banco en un plazo de 20 semanas.
Tal negativa del ente contralor le fue comunicada a Rafael Ramírez Acosta, Director del Departamento de Proveeduría del Banco Central mediante el oficio DCA-0028 del pasado 12 de enero.
El Banco Central le había dicho a la Contraloría que la contratación de esta consultoría se debe al proceso de adhesión del país a la OCDE, dado que “los requerimientos que se vayan a establecer requieren de organizaciones ágiles, modernas, integradas y eficientes que permitan cumplir con los estándares internacionales de los países que conforman la organización”.
Según ANEP, el Central evadió el procedimiento ordinario de licitación pública internacional, ya que este tendría un plazo de 10 meses “lo cual es incompatible con los intereses del Banco”.
La ANEP hizo un llamado al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera para que ordene detener la erogación, “pues la misma contradice, políticamente hablando, la prédica reiterada de parte del Gobierno acerca del déficit fiscal”.
“Los argumentos del BCCR para esta gigantesca erogación financiera y que tienen que ver con el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), abre enormes interrogantes acerca de la realidad del costo para Costa Rica de tal adhesión y lo que la misma ha de implicar para las finanzas públicas una vez que estemos asociados a la misma plenamente, por motivo del pago anual de membrecía”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Para Vargas, gastarse casi ¢1.500 millones en una consultoría de este calibre, es una ofensa para el cuerpo de altos profesionales y técnicos del BCCR, en el cual el país ha invertido mucho dinero en su formación, estando plenamente capacitados para asumir ese “proceso de modernización” de cara al ingreso del país a la OCDE
“Debe ordenarse una investigación del porqué de esta decisión del Banco Central y del porqué se intentó hacer una contratación directa, presuntamente con una intencionalidad direccionada a favorecer a determinada firma empresarial al punto de que la Contraloría les paró en seco y les ordenó hacer el proceso licitatorio de la contratación administrativa”, expresó Vargas.
