San José, 24 mar (elmundo.cr) – La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) hizo un llamado de atención para las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debido a la baja ejecución de recursos que se viene registrando desde el año 2009, en detrimento de los usuarios.
Según el informe de la fiscalización que realizó ARESEP aún prevalece en el AyA un rezago importante de los servicios de saneamiento con relación al suministro de agua potable, sin embargo reconoció que los proyectos que se han anunciado tiempo atrás mejorarán esta situación.
El ente regulador recomendó a las autoridades acelerar la inversión en la expansión de las redes existentes para poder atender la demanda por el crecimiento de la población y la actividad comercial, además de cambiar la infraestructura deteriorada, en mal estado o con vida útil agotada con lo que se podrían reducir las alarmantes cifras de desperdicio de agua potable que se traducen en pérdidas económicas para el AyA.
“La baja ejecución de inversiones por otra parte, le ha permitido al operador disponer de una mayor liquidez en los últimos años. No obstante, se requiere una mejor planificación gerencial con una visión de más largo plazo que le permita elevar su desempeño”, afirma el informe con las conclusiones.
Adicionalmente, ARESEP advirtió que Acueductos y Alcantarillados no tiene compromisos a largo plazo que permitan sostener la demanda de agua potable.
Desde el año 2012, la ARESEP aprobó nuevos rubros que dotarían de mayores ingresos al AyA sin embargo se ha tenido que suspender en dos ocasiones su puesta en marcha, pues la empresa ha tenido bajas cifras de nuevas inversiones por lo que la entidad consideró que no era necesario darle más dinero.
El Área Metropolitana administrada por el AyA fue el que mostró una peor evolución de acuerdo con el Índice Global de Gestión. En contraste, la Región Pacífico Central fue la que registró un mayor progreso.
Según ARESEP, las quejas y consultas de los usuarios del AyA por facturación han ido en incremento. Finalmente, el ente regulador ordenó a la empresa a entregar y cumplir una serie de 10 directrices para corregir lo revelado en la fiscalización.
