San José, 16 feb (elmundo.cr) – Un proyecto de Ley presentado por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Vásquez Castro que pretende poner fin de una vez por todas a las excusas técnicas y legales que dan diversas empresas públicas, para no pagar el 15% de sus utilidades al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), recibió el visto bueno de la Comisión de Asuntos Sociales.
Se trata de la iniciativa 19.735 denominada “Ley para hacer efectivo el aporte a la universalización de la pensión a los trabajadores no asalariados”.
El proyecto, según pudo constatar EL MUNDO, pretende que se reforme el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983), para implementar una serie de modificaciones que permitan dejar claro de una vez por todas cuáles son las empresas públicas que deben pagar el 15% de sus utilidades netas al IVM.
En la actualidad, la Caja reclama las contribuciones al IVM a Correos de Costa Rica, RECOPE, SINART, INCOFER, Editorial Costa Rica, ICE, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Crédito Agrícola de Cartago y el INCOP.
Sin embargo, varias de esas empresas han puesto peros para no pagar lo que la Ley les exige, arguyendo razones legales o técnicos.
Por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) dejaron de pagarle a la Caja afirmando que, en el caso de la primera, se le excluyó de esa obligación tras la apertura del mercado de telecomunicaciones y la segunda, tras la apertura del mercado de seguros.
Por otro lado, la Banca Estatal entrega bajo protesta sus contribuciones al IVM, al afirmar que debe hacerlo bajo sus utilidades netas y no las brutas como lo reclama la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese diferendo se encuentra actualmente en el Tribunal Contencioso Administrativo.
La iniciativa del congresista socialcristiano pretende por un lado, que se deje claro cuáles son las empresas estatales que deben contribuir al IVM, incluyendo al INS y el ICE mientras que, por otro lado, establece que estas dos instituciones una vez empiece a regir la reforma a la Ley, paguen de forma escalonada.
La propuesta es que un año después de puesta en vigencia, ambas empresas estatales contribuyan con el 5% de sus utilidades netas. A los tres años de vigencia de la Ley la contribución sería del 10% y cuando esta tenga siete años de haber entrado a regir, el monto subirá al 15%, igual al que hoy deben pagar las otras empresas estatales que no han puesto pretextos para pagar al IVM.
EL MUNDO reveló semanas atrás que cinco instituciones públicas le deben ¢6584 millones al régimen IVM de la Caja.
La Ley de Protección al Trabajador, promulgada en el año 2000 estableció la obligatoriedad de que las empresas estatales –sin detallar cuáles– paguen un porcentaje de sus utilidades –sin especificar si netas o brutas– al régimen IVM, fijado vía decreto. Sin embargo no fue sino hasta mayo del año 2012 que se promulgó el decreto que la Ley ordenaba.
En dicho decreto se estableció que la contribución al IVM de esas empresas sería de un 5% a partir del año 2013, un 7% a partir del año 2015 y de un 15% a partir del año 2017.
La principal empresa pública deudora con el IVM es, según la Caja, el Banco de Costa Rica, ya que su deuda acumulada es de ¢3271,19 millones de colones al 31 de diciembre de 2016. De segundo lugar se encuentra el Instituto Costarricense de Electricidad con ¢1690.05 millones de colones y de tercero, la Refinadora Costarricense de Petróleo con ¢1562,59 millones de colones adeudados.
En menor cifra, la Caja reclama a Correos de Costa Rica ¢50,68 millones de colones y al Banco Crédito Agrícola de Cartago unos ¢9.87 millones de colones.
Los montos adeudados no contemplan intereses y a la fecha de cobro se calculan con la tasa de interés tributario.
ERROR. Un error a la hora de redactar la moción en la que se enlistan las instituciones públicas que deben pagar el 15% de sus utilidades al IVM dejó por fuera al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).
Un asesor del diputado Luis Vásquez consultado por este diario afirmó que no fue intención de los congresistas dejar exonerado al INCOP del pago al IVM, por lo que esa omisión podría subsanarse mediante una modificación vía artículo 137 del Reglamento del Congreso, cuando el proyecto empiece a conocerse en el Plenario Legislativo.
Tras haber recibido el visto bueno de la Comisión, el proyecto pasará ahora al orden del día del Plenario, donde debe discutirse y votarse dos veces antes de enviarlo a Casa Presidencial para que allí se firme como Ley de la República.
